La Fiscalía de Móstoles
ha abierto una investigación penal por las denuncias presentadas por
asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la
Universidad Rey Juan Carlos en relación con el máster de Cifuentes.
La misma Fiscalía se
hará cargo de la información que remita la Universidad Rey Juan Carlos, que ha
apreciado en su investigación interna indicios de delito. La presidenta del
tribunal, Alicia López de los Mozos, ha declarado, según El Confidencial, que
ella no formó parte del mismo y que su firma fue falsificada.
La falsificación de un
documento público está tipificada en el artículo 390 del Código Penal con penas
de tres a seis años de prisión, multa de seis a veinticuatro meses e
inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años si quien lo comete es un
funcionario o una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Si quien
cometiera la irregularidad fuera un particular, el Código Pena recoge posibles
castigos de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.