La Audiencia Nacional ha decidido que podrán desarrollarse varios actos en apoyo de los presos de ETA. Las movilizaciones fueron convocadas por la plataforma SARE para el 31 de diciembre en Pamplona y Arrasate, en favor del acercamiento de los presos etarras al País Vasco.
Tanto el juez como la Fiscalía consideran que no existen indicios suficientes de delito para prohibirlos. Recuerda además que quien define los delitos es el Poder Legislativo, "solo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias jurídicas", destaca el magistrado en su decisión.
Estos argumentos no convencen a algunas asociaciones de victimas del terrorismo. El presidente de APAVT denuncia que en casos como este "prevalece la libertad de expresión ante el dolor de las víctimas".
Consideran indignante que no se prohíban estos actos, y por ello piden al Gobierno que actúe y que "cambie la ley si hay que cambiarla", porque creen que estos actos son una "humillación".
Pero el juez que ha tomado la decisión mantiene que la justicia no puede ser preventiva y los expertos lo avalan. Añade además el juez que estos parecen más unos actos de deseo de acercamiento de presos al País Vasco, que de enaltecimiento del terrorismo.