La Fiscalia pide la anulación de la fianza de 29 millones de euros que la juez Alaya impuso a la exministra Magdalena Álvarez, a quien acusa del fraude de los ERE.
Anticorrupción considera que, de momento, no existen pruebas que determinen cuánto dinero se habría malversado. La decisión final queda en manos de la Audiencia de Sevilla.