Juicio de la DANA

Un alto cargo de la Generalitat ofreció vigilar las ramblas cinco horas antes del desbordamiento del Poyo y fue ignorado por Pradas

¿Por qué es importante?
Luis Gomis, director general de Medio Ambiente, asegura a la jueza de Catarroja que las competencias para vigilar los barrancos en casos de emergencia eran exclusivas del Gobierno de Carlos Mazón.

Salomé Pradas, exconsellera del Gobierno de Mazón
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Luis Gomis, director general de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, ha remitido un escrito a la jueza Nuria Ruiz Taborra, que investiga la DANA, en el que indica que la vigilancia de los cauces y barrancos que se encontraban en situación de alerta correspondía a la Generalitat. Además, asegura que ofreció a la Conselleria a sus 200 agentes la mañana del 29 de octubre, pero que Salomé Pradas le ignoró.

La jueza de Catarroja le preguntó acera de la monitorización del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la mayor parte de las muertes, a lo que el alto cargo de la Conselleria aseguró que el control de cauces y barrancos en casos de emergencia compete exclusivamente a la Generalitat pese a que el Gobierno de Carlos Mazón lo haya negado en reiteradas ocasiones. Asimismo, aseguró que Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, incumplió el protocolo establecido por ley al no activar a los agentes medioambientales para vigilar el barranco del Poyo.

La Generalitat tenía todas las competencias

El director general de la Conselleria de Medio Ambiente, Luis Gomis, comunica en su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, que según establece el Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat, aprobado y revisado el 15 de julio de 2021, los agentes medioambientales "tienen encomendado el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables". Unas funciones que, según la ley, deben ser ordenadas "a instancias y de forma coordinada" con los servicios de Emergencias, que dependían directamente de la Conselleria de Justicia e Interior.

Luis Gomis asegura en su escrito que a las 11:54 del 29 de octubre remitió una comunicación al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior, en el que explicaba las competencias atribuidas a los agentes medioambientales en situación de riesgo de inundaciones y los ponía a disposición de Pradas.

Ante la situación de emergencia, Gomis pidió a los agentes que estuvieran de turno que no realizaran su trabajo en el medio natural y, en caso que las condiciones lo permitieran, que acudieran a la oficina de demarcación o procedieran a realizar su trabajo en instalaciones seguras como parques, ayuntamientos o desde sus domicilios.

Sin embargo, le relata a la jueza que su oferta ni siquiera fue valorada por la Conselleria y que nadie le reclamó el cuerpo de 200 trabajadores, ni para supervisar el barrando del Poyo ni para ninguna otra de las ramblas en las que se había alertado del riesgo de desbordamiento, por lo que los agentes permanecieron trabajando en sus bases.