La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional ha aprovechado su mayoría conservadora para inadmitir a trámite el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont y Toni Comín contra la orden de detención dictada por el Supremo contra ellos. Una decisión ante la que el abogado del expresident, Gonzalo Boye, ha reaccionado con ironía en las redes sociales, aludiendo a la celeridad con que ha resuelto la Sala en pleno verano.

"Lo que no podemos decir es que el Constitucional no trabaja... El recurso lo presentamos el 31 de julio y ya está resuelto... Ni un 'juicio rápido' es tan rápido", ha denunciado el letrado en Twitter, donde se ha hecho eco de la decisión judicial, adoptada por dos votos contra uno, en un momento en que la Sala solo tiene tres miembros, al ser verano, dos de ellos magistrados conservadores.

En concreto, a favor de la inadmisión del recurso han votado Concepción Espejel y César Tolosa Tribiño, mientras que Laura Díez Bueso se ha posicionado en contra, con un voto particular muy crítico, en el que asevera que el tribunal "se ha precipitado innecesariamente" y que debió tramitar este asunto después del verano.

También la Fiscalía entiende que no había urgencia para que la Sala de vacaciones resolviera el asunto ahora, precisamente para denegar la medida cautelar, por lo que va a recurrir. Desde Junts per Catalunya no se han hecho esperar las reacciones. A los pocos minutos de conocer la noticia, una de las dirigentes más destacadas de la formación independentista, Laura Borràs, criticaba la decisión.

"El aparato judicial actuó en la campaña electoral y ahora actúa pensando en la investidura. No fallan. Resuelven en tiempo récord, en agosto", ha lamentado Borràs, que no ha dudado en cargar duramente contra el sistema judicial del país: "En España no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que exista sincronización de poderes".

También el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha criticado la decisión judicial a través de un tuit en el que ha denunciado que el Constitucional lleva años dedicado "decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo". "Esa estrategia no cierra por vacaciones", ha añadido.