Probablemente recuerde la escena. Sucedió el pasado mes de marzo, cuando una patrulla de agentes de la Policía encomian a un propietario a abrir la puerta de su domicilio. "Sabemos que están dentro hemos escuchado la música y las risas", arguyen.

El morador, ciudadano británico, no habla español. Una amiga intercede y se niegan a abrir sin orden judicial. Los policías avisan y amenazan: o proceden a abrir la puerta, o la tirarán por la fuerza.

Amenaza cumplida. El morador del piso se querelló y el juzgado lo ha admitido. Ahora se investiga la posible comisión de un delito de allanamiento de morada. Los seis agentes deberán declarar como investigados y podrían inhabilitarles.

La inviolabilidad del domicilio

Según nuestro marco legislativo actual, y en base al artículo 18 de la Constitución, que declara que los domicilios son inviolables, tan sólo hay 3 razones por las que la Policía puede entrar en un domicilio.

Uno, la más habitual, porque cuenten con una autorización judicial; dos, porque dispongan del consentimiento del morador de la vivienda, y tres, porque se esté cometiendo dentro un delito grave.

Pero las fiestas ilegales con las restricciones COVID-19 no lo son, según la mayoría de los expertos, que refutan la tesis de la abogada que lleva la acusación. Más bien, se trata de faltas administrativas. Y una vivienda de alquiler es un domicilio, como podría serlo una autocaravana o una habitación de hotel.

Fiesta en un piso turístico alquilado por temporada

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 21 de marzo, en un piso turístico pero en régimen de alquiler de temporada de la calle Lagasca, en el barrio de Salamanca. En torno a las 01:00 horas, los agentes llegaron al lugar, donde una joven se negaba a abrirles la puerta, tal y como recoge el vídeo que acompaña estas líneas.

La chica argumentaba que los agentes no podían entrar en el domicilio sin una orden judicial y les pidió su número de identificación. La Policía, por su parte, avisaba desde el otro lado de la puerta de que, si no les abrían, entrarían "por la fuerza".

Finalmente, los agentes cumplieron su amenaza, tirando la puerta abajo con un ariete. Una intervención que el atestado policial justifica por un delito de desobediencia grave y de resistencia a la autoridad por parte de los jóvenes, avalada por el juez de guardia. Pero ahora, visto el proceso, parece que se les va a volver en su contra.