El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció en una rueda de prensa que "el Gobierno ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia en todos los distritos de Islay por un plazo de 60 días, de conformidad con el régimen de excepción que establece la Constitución Política".

A partir de este sábado, la policía nacional y las fuerzas armadas se encargarán del orden público en Islay, y se suspenden las libertades referidas a la inviolabilidad de domicilio, de la libertad de tránsito y de la libertad de reunión, precisó Cateriano.

El primer ministro agregó que la democracia es un sistema que obliga a los ciudadanos a solucionar las diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley, "pero cuando las circunstancias demuestran que un grupo no quiere acatar la Constitución el Gobierno tiene los instrumentos legales para garantizar el mantenimiento del orden público", añadió.

Hasta el momento, las protestas en Islay contra el proyecto minero han dejado cuatro muertos y decenas de heridos por la oposición de grupos civiles y de agricultores que rechazan el desarrollo de la mina por una probable contaminación ambiental.

Las protestas contra Tía María empezaron el 23 de marzo y continúan con manifestaciones y bloqueos de carreteras a pesar de que la empresa Southern Copper, del Grupo México, decidió dejar en suspenso el proyecto cuprífero para responder a las críticas de los agricultores de la zona.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó en la misma rueda de prensa de que unos 400 manifestantes han intentado bloquear la carretera Panamericana Sur a la altura del puente de Pampa Blanca, y que en el enfrentamiento con la Policía murió un hombre y resultaron heridos tres manifestantes y dos policías.

Pérez Guadalupe agregó que el fallecido no presenta herida de proyectil sino "una gran contusión a la altura del ojo izquierdo", y agregó que este sábado se hará la autopsia. La turba atacó después la comisaría de Cocachacra con piedras y dinamita, indicó el ministro.

Por su parte, Cateriano remarcó que "el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para que esta problemática se solucione a través del diálogo", y que desde un principio ha condenado la violencia como mecanismo para solucionar los problemas.

"A pesar de que la propia empresa ofreció una pausa para que, en este periodo se pueda explicar con amplitud y debatir todo lo relacionado a la temática técnica, hoy se han continuado los actos de violencia", declaró el primer ministro.

Los disturbios en Islay se produjeron el día que la audiencia judicial para decidir si se acepta la petición de la fiscalía de condenar a nueve meses de prisión preventiva a los promotores de las protestas, entre ellos el alcalde del distrito Dean Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos; el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, y el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos.

El paro indefinido en la provincia de Islay convocado el 23 de marzo para exigir la retirada definitiva del proyecto cuprífero se mantiene.