La cifra fue proporcionada en una rueda de prensa por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del ministerio de Gobernación (Interior), Lía Limón. Los datos, explicó, fueron recabados durante la anterior Administración, que presidió Felipe Calderón entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, e incluyen 20.915 casos relacionados con "averiguaciones previas, actas circunstanciadas o carpetas de investigación" abiertas por las autoridades.
Además, dijo la alta funcionaria, hay 5.206 casos de personas que "se encuentran pendientes de validación de datos". "Es indispensable destacar que esta base de datos no prejuzga sobre las causas de la no localización de las personas, por lo que muchos de quienes la integran pudieron haberse ausentado por diversas razones no necesariamente relacionadas con hechos criminales", afirmó Limón.
"Deben ser los ministerios públicos (fiscalías) quienes determinen la comisión de algún delito", agregó, consultada sobre cuántos casos de los que figuran en la base de datos están vinculados con el crimen organizado.
A partir de ahora el Gobierno trabajará en la elaboración de un registro definitivo, labor para la que ha pedido que los organismos civiles que tengan casos registrados hagan las preceptivas aportaciones.
"Todas las bases de datos representan esfuerzos de personas que buscan a personas y la valoramos en toda su dimensión", añadió Limón. La funcionaria recalcó que un solo caso de "una persona sin localizar es suficiente para detonar las acciones de este Gobierno" con el fin de averiguar qué le sucedió y si es preciso, hacer justicia.
"Lo más importante para el Gobierno son las personas y tenemos muy claro que detrás de los datos estadísticos hay seres humanos que nos merecen respeto", agregó.
La viceministra mexicana consideró que la base de datos cuya información se hizo hoy oficial es solamente "un instrumento inicial" con el cual atender la localización de buena parte de esas personas desaparecidas.
Con tal objetivo, se buscará que haya una "amplia interlocución" con las fiscalías de los 32 estados federados mexicanos donde ocurrieron los casos, y que se integrarán los datos que tengan otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o Províctima, un organismo de asistencia a familias de desaparecidos.
En la misma rueda de prensa, en la que se aceptaron pocas preguntas, el subsecretario de Normatividad y Medios, Eduardo Sánchez, fue consultado sobre si hay registro de desapariciones de personas durante lo que va de mandato del presidente Enrique Peña Nieto, en el poder desde el 1 de diciembre pasado.
Sánchez respondió que hasta ahora "la información que hemos recibido hemos visto que tiene altas inconsistencias, por lo tanto, lo que estamos haciendo es depurarla".
Por ello, calculó que en "unas semanas" las autoridades podrán informar sobre "cuáles y cuántos son los casos de personas que hayan sido reportadas como no localizadas o extraviadas" en ese tiempo.