El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se juega su futuro en unas vistas que han arrancado este martes y que pueden suponer su última oportunidad para evitar la extradición a Estados Unidos, donde está imputado por la filtración masiva de documentos secretos. Varios centenares de personas han reclamado su libertad ante el Tribunal Superior de Londres, donde dos jueces deben decidir si Assange puede recurrir su caso en Reino Unido o si es extraditado al país norteamericano.

Este es el último recurso legal de Assange en Reino Unido contra su extradición a EEUU, que reclama al australiano por espionaje debido a las revelaciones publicadas en 2010 y 2011 en su portal WikiLeaks, donde se publicó información clasificada que revelaba violaciones de los derechos humanos por parte del país en las guerras de Irak y Afganistán.

Si el tribunal no le autoriza a recurrir la orden de extradición adoptada por el magistrado Jonathan Swift, se activaría el mecanismo de entrega de Assange a EEUU, en cuyo caso sus abogados ya han anunciado que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para evitarlo.

Assange fue detenido en Reino Unido en abril de 2019 después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. El programador se refugió en un primer momento en dicha legación diplomática para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia su traslado a Estados Unidos.

Posteriormente, el Gobierno británico autorizó en junio de 2022 el traslado de Assange al país norteamericano, pero el fundador de WikiLeaks intenta agotar todas las vías posibles para evitarlo. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior, con sendas vistas este martes y miércoles. Del desenlace de este nuevo capítulo dependerá que Assange pueda tener nuevas oportunidades de defender su caso ante la Justicia británica o que el proceso se eleve al TEDH.

Campaña para pedir su liberación

En este contexto, su entorno ha relanzado estos últimos días la campaña para pedir su liberación, convocando protestas en distintas ciudades, y el Parlamento de Australia reclamó la semana pasada a los gobiernos estadounidense y británico la liberación del programador para que pueda regresar a su país de origen.

El Ejecutivo británico, sin embargo, se ha puesto de perfil estos últimos años y, más allá del visto bueno a la extradición, ha dejado el futuro de Assange en manos de los tribunales, en un aparente intento por esquivar polémicas políticas o poner en riesgo sus relaciones con Estados Unidos.

Sobre Assange, que según sus abogados ha sufrido un drástico empeoramiento de su salud física y mental en estos últimos años, pesa una batería de cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad. ONG como Amnistía Internacional temen por su propia seguridad, pero también por el "efecto disuasorio" que una condena supondría para la prensa en todo el mundo.