Colombia da un paso adelante para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado con la guerrilla más antigua de América que, una vez deje las armas y desmovilice a sus miembros, podrá participar en la vida política del país.
Las más de 8000 personas que conforman la narcoguerrilla verán mejorada su calidad de vida. El desarrollo social en áreas como la salud, la educación o la vivienda, conforman el primer eje.
En este paso al frente, también avanza la participación ciudadana. El acuerdo incluye mayor representación de todos los sectores, con especial interés en dar voz política a los más desfavorecidos.
Y en esta inserción de la comunidad, las FARC y el gobierno colombiano han acordado también un importante programa para sustituir los cultivos ilícitos por nuevas economías para esta población.
Durante esta adaptación ambas partes acuerdan respetar los derechos humanos y difundir con transparencia cualquier avance. Pero sin duda, el punto histórico del acuerdo es el cese del fuego, la entrega de armas y la revisión de las condenadas a los detenidos.
El anuncio oficial se producirá de forma inminente, un acuerdo que el gobierno colombiano debe someter a referéndum para que los ciudadanos tengan la última palabra.