El lugar donde los peritos buscan los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos, se trata de una área de unos 40 metros cuadrados, la mitad de ellos con señales de haber sido quemada, y donde se pueden ver bolsas de basura, cajas de madera y restos de ropa y otros desechos.
En una rueda de prensa en Acapulco, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Jesús Murillo, dijo que todavía no se sabe si en la zona hay fosas con restos humanos. "Los peritos están determinando si lo son", afirmó.
"Tenemos declaraciones de que en ese lugar se concentraron los grupos que habían detenido a los estudiantes y que se tomaron acciones diversas", declaró sin precisar de qué tipo. "No podemos hacer nada hasta tener evidencia clara de lo que sucedió allí", dijo el fiscal, quien añadió que el trabajo de los peritos es "muy especializado", se requieren análisis de laboratorios y tardan tiempo.
Una docena de peritos forenses han delimitado toda la zona con una cinta amarilla y marcado con pequeñas banderas naranjas algunos de los puntos del terreno. La zona permanece fuertemente vigilada por las fuerzas federales de seguridad y es rastreada con la ayuda de perros.
La fiscalía llegó al lugar el lunes gracias a las declaraciones de cuatro miembros del cártel Guerreros Unidos que dijeron haber participado en la desaparición de los estudiantes. Dos de los detenidos el lunes por agentes federales confesaron que recibieron a los jóvenes de policías y los otros dos admitieron haber participado como vigilantes del grupo criminal la noche de la desaparición de los jóvenes.
Como todavía no está claro el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas continúan las labores de búsqueda. Murillo destacó que en este caso están involucrados "miles de investigadores" que trabajan para hallar "a como dé lugar" a los jóvenes desaparecidos, detener a todos los responsables y lograr Justicia.
El 26 de septiembre pasado un grupo de policías locales atacó a tiros a alumnos de la Normal por órdenes del entonces alcalde del municipio de Iguala, José Luis Abarca, prófugo de la Justicia al igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerada la principal activista de Guerreros Unidos en Iguala.
Esa noche murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y 43 más fueron detenidas por los policías y entregados a Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias, ordenó su desaparición al creer que eran miembros de Los Rojos, el grupo criminal rival, según testigos.