Una pistola dedicada a Emiliano Zapata es el codiciado objeto de deseo para los cárteles de la droga. Es la muestra de cómo las empresas de armas estadounidenses producen pensando en hacer negocio del narcotráfico. "Están desarrollando diferentes modelos para el narco. Están hechas para eso, para que las compren", ha denunciado Marcelo Ebrard, ministro de Exteriores de México.

En este país no es fácil comprar un arma. Sólo hay una armería en todo el territorio. En Estados Unidos son más unas 67.000; más de 7.000, sólo en Texas. "Si tienes 18 años, eres ciudadano de Estados Unidos y tienes la plata puedes comprar cinco AR-15 y salir", ha lamentado John Lindsay-Poland, activista de Stop US arms To México. Las introducen con el llamado 'tráfico hormiga', colándolas poco a poco en los miles de coches que cruzan cada día la frontera.

Acaban en manos de narcos o delincuentes. El 70% de todas las armas ilegales que se requisan en México vienen del vecino del norte. Por eso, el Gobierno mexicano ha denunciado ahora a 11 empresas armamentísticas estadounidenses que están haciendo negocio con las muertes en su país vecino. "Hay legislación en EEUU que blinda a las empresas en contra de demandas sobre el uso de sus armas", ha explicado Lindsay-Poland.

"Pero esto es sobre los usos de armas dentro de Estados Unidos. Ya que estas armas se usan en México, esta legislación no se aplica", ha detallado el activista. Además, abre el debate sobre la venta legal de armas, las que el país norteamericano exporta para las fuerzas de seguridad mexicanas. "Está muy documentado que algunos cuerpos del Ejército y la Policía están cometiendo todo tipo de violaciones de derechos humanos y colaborando con el crimen organizad", ha añadido Lindsay-Poland.

Por eso piden evitar que esas armas acaben en manos de cuerpos de seguridad como el de la policía del estado mexicano de Guerrero, los culpables de la muerte y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los mataron con armas de la empresa alemana Heckner & Koch, que pagó 3,7 millones de multa por vendérselas aun sabiendo que ese cuerpo policial vulneraba los derechos humanos.