Las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos en México continuaron ayer con la toma durante varias horas del aeropuerto de la turística ciudad de Acapulco, mientras el Gobierno insiste en que no tiene nada que ocultar sobre las investigaciones del caso.

Tras las explicaciones del fiscal mexicano que apuntan al asesinato de los estudiantes por miembros del cártel Guerreros Unidos, familiares y compañeros de los jóvenes anunciaron que seguirán luchando hasta el final.

Y como parte de esa lucha, centenares de estudiantes, maestros y familiares bloquearon el aeropuerto de Acapulco, que mensualmente tiene un tránsito de unos 50.000 pasajeros.

Los manifestantes, la mayoría con los rostros cubiertos y algunos con palos y escudos en las manos, entraron en la terminal aérea y permanecieron allí durante tres horas y media en relativa calma.

Sólo hicieron algunas pintadas en las paredes con mensajes como "Todos somos Ayotzinapa" y "(Enrique) Peña Nieto, asesino", en alusión al presidente mexicano, quien se encuentra de visita en China.

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la mayoría de edades entre 18 y 21 años, están desaparecidos desde el 26 de septiembre, cuando fueron detenidos por policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los mataron y quemaron durante más de 14 horas para evitar que quedaran rastros, según el testimonio de tres detenidos.

La fiscalía encontró restos óseos y cenizas en el basurero donde se hizo la hoguera, así como en una de las ocho bolsas que fueron lanzadas a un río por los criminales. Pese a que el fiscal general, Jesús Murillo, explicó el pasado viernes con gran detalle estos hallazgos, ni los familiares ni gran parte de la sociedad mexicana acaban de creerse esta versión.

Murillo ofreció varias entrevistas a medios locales a los que aseguró que el Gobierno mexicano no tiene "nada que ocultar" en este caso y está interesado en que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinden ayuda al país, una de las exigencias de los familiares.

"Nos interesa que venga" la CIDH, dijo tras aclarar que el presidente Peña Nieto ya firmó la autorización para que ese organismo dé asistencia técnica a México en este caso. Sin embargo, la Comisión devolvió el documento para que se le realizaran algunas correcciones y ya se está enviando de nuevo, explicó Murillo.

La CIDH informó el viernes pasado que estudia organizar la visita a México con motivo de la desaparición de los estudiantes y que sigue sopesando la solicitud del Gobierno y grupos defensores de derechos humanos para ayudar en la búsqueda.

El fiscal ofreció nuevos detalles sobre este caso y dijo que en una conversación en la que se le informa de los hechos al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, actualmente detenido, los delincuentes aseguran que hicieron polvo a las víctimas.

"El mensaje es muy claro, en él le dicen: 'Nos atacaron los Rojos (un grupo criminal rival), nos estamos defendiendo' y en el mensaje del día siguiente le dicen: 'Los hicimos polvo y los echamos al agua. Nunca los van a encontrar'", contó Murillo.

Los restos encontrados serán enviados a un laboratorio de Austria especializado en análisis de ADN mitocondrial, que fue el único que "nos dio una posibilidad", y "después tienen que pasar a otro laboratorio en España", apuntó.

Mientras tanto, los 43 estudiantes tienen el estatus legal de desaparecidos hasta que dichas pruebas corroboren que se trata de ellos, si bien los expertos ya han advertido que será muy difícil la identificación por la extrema calcinación de los restos.

Por otro lado, las 18 personas detenidas el fin de semana en México por los disturbios registrados en el Zócalo capitalino al finalizar una marcha por este caso recobraron su libertad, mientras sus abogados denunciaron arrestos arbitrarios.

Murillo explicó que sólo una de las personas excarceladas se encuentra en libertad bajo caución por estar relacionada con actos de vandalismo y que los demás "no tienen nada que ver y ya están libres".

Sobre los daños a la puerta de Palacio Nacional, la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Teresa Franco, dijo que especialistas trabajan para emitir un dictamen técnico y formular una denuncia por las afectaciones a un bien cultural.