Incluidos decenas de latinoamericanos
La Administración Trump imputa a 63 extranjeros por delitos electorales antes de las 'midterms'
Los detalles Las acusaciones incluyen la declaración falsa de una ciudadanía estadounidense para registrarse o votar y la presentación fraudulenta de una solicitud de registro de votante en otro estado.
Imagen de la captura de una de las 63 personas contra las que el DOJ presentó cargos por presuntos delitos electorales.Resumen IA supervisado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado a 63 personas, incluidas cuatro extranjeras en situación irregular, por delitos relacionados con el fraude electoral, en el marco de las operaciones de la Administración Trump antes de las elecciones de medio mandato. Según el fiscal general Todd Blanche, se trata del mayor aumento de arrestos por fraude electoral desde el regreso de Trump al cargo. En California, 12 personas fueron imputadas en un contexto de tensión entre las autoridades estatales y federales. Aunque los casos de fraude electoral de no ciudadanos son mínimos, se han identificado varios imputados de origen latinoamericano, como Patricia Elena Valencia Cardona y Yamila Avalos.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado la imputación de 63 personas, cuatro de ellas extranjeras en situación irregular, en todo el territorio nacional y "en relación con la emisión ilegal de votos, el registro fraudulento de votantes y otros delitos electorales", en el marco de las operaciones emprendidas por la Administración de Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato que se celebran este mismo martes.
"El anuncio de hoy marca el mayor aumento de arrestos por fraude electoral desde que el presidente Trump regresó al cargo", ha declarado el fiscal general, Todd Blanche, en un comunicado de su cartera que recoge que las autoridades estadounidenses han imputado, "tan solo en las últimas nueve semanas", a un total de "195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con el registro y la emisión ilegal de votos".
Entre las personas imputadas, hay decenas de origen latinoamericano. Algunos de los detenidos en esta última oleada de operaciones corresponden con intervenciones en estados bajo gobiernos demócratas que han mostrado su oposición a la línea de actuación del Ejecutivo, como es el caso de California.
Allí, el Departamento de Justicia afirma haber imputado a un total de 12 personas, en pleno enfrentamiento entre las autoridades de Washington y Sacramento, marcado por la insistencia de la Casa Blanca en obligar al estado de California a separar y no contabilizar de forma preventiva cerca de 20.000 votos por correo correspondientes a electores a los que la Administración federal señalaba como posibles "no ciudadanos", una solicitud finalmente denegada por el Tribunal Supremo.
Pese al fallo, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha querido advertir que el estado procesará por delitos graves a cualquiera que intente interferir en el proceso o manipular las papeletas durante los comicios de este martes.
Analistas han advertido que el fraude electoral de no ciudadanos en EEUU es casi nulo cuando se compara con el padrón electoral. Una investigación del grupo conservador Heritage Foundation identificó 23 casos de votación de no ciudadanos entre 2003 y 2022.
Por su parte, el Brennan Center For Justice estimó que el 0,0001 % de los 23,5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones encuestadas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos. Solo dos de esas jurisdicciones reportaron posibles casos.
Entre las personas acusadas se encuentra la colombiana Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años y residente permanente legal, que enfrenta un cargo por afirmar falsamente poseer la ciudadanía estadounidense con el fin de votar, y de un cargo por votar siendo extranjera.
Cardona se registró para votar en Carolina del Norte en 2024 y ejerció su voto en las elecciones generales de ese mismo año.
En ese mismo estado, Yamila Avalos, de nacionalidad argentina y residente permanente legal, que enfrenta una denuncia formal por votar siendo extranjera.
Asimismo, Juan Florencio Ramos, de nacionalidad cubana y residente permanente legal, ha sido imputado formalmente de un cargo por realizar, a sabiendas, una declaración o afirmación falsa de poseer la ciudadanía estadounidense para poder votar, y de un cargo por votar siendo extranjero, detalló el escrito.
Los mexicanos y residentes permanentes Diego Benavides Rodriguez, de 29 años; Jose Vasquez-Mendoza, de 51, y Karen Hinojosa-Martinez, de 37 años, fueron acusados, por su parte, de delitos electorales en el estado de Texas.
Mariela Elizabeth Avila Ortiz, de 33 años y de nacionalidad hondureña, también residente permanente legal, fue acusada en Tennessee por presuntamente votar en las elecciones de 2024, incluía, entre otros, la elección de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, el Senado o la Cámara de Representantes.
La acusación también incluye a extranjeros de Canadá, Europa, Asia y África.