La Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) rechaza así la solución voluntaria propuesta por el fabricante de automóviles para subsanar la manipulación, un plan enviado a las autoridades alemanas, como recogen varios medios locales.
"Exigimos una llamada" a reparación, aseguró un portavoz de la KBA, según recoge en su edición 'online' el semanario "Der Spiegel". Volkswagen deberá además presentar cuanto antes los plazos pertinentes para la solución de los vehículos no incluidos en esta llamada obligatoria, unos 400.000 turismos con un motor diesel de 1,6 litros.
En el "extenso escrito", según palabras del ministro de Transporte alemán, Alexander Dobrindt, que Volkswagen remitió a la KBA, la compañía propuso aplicar cambios en el software a los vehículos con las versiones de 1,2 y 2,0 litros del motor diésel EA-189 a lo largo de 2016.
Para la versión de 1,6 litros, sin embargo, era preciso la sustitución de alguno de los componentes del motor, explicó Volkswagen, que dijo que esta solución no estaría disponible hasta finales del año que viene. La KBA se dio entonces unos días de plazo para analizar el plan técnico de la empresa.
El nuevo consejero delegado de Volkswagen, Matthias Müller, aseguró en una entrevista la semana pasada que su objetivo era empezar el próximo enero con las revisiones de los coches y ejecutar las reparaciones a lo largo de 2016. Müller señaló que previsiblemente el número de vehículos afectados está por debajo de los once millones -la cifra facilitada hasta ahora por la empresa- aunque admitió que de todos modos "siguen siendo muchos".
Volkswagen reconoció en septiembre, tras una denuncia de las autoridades medioambientales de EEUU, que había instalado en once millones de vehículos en todo el mundo un software que rebajaba el nivel de emisiones sólo cuando el vehículo estaba siendo testado, pero que en condiciones normales emitía por encima de lo permitido.
Tras destaparse el escándalo, que costó el puesto entre otros al entonces presidente del grupo, Martin Winterkorn, las autoridades alemanas exigieron a Volkswagen un plan para subsanar en su país la manipulación, que afectaba según el fabricante a 2,8 millones de vehículos.