Los sindicatos UGT y CCOO han propuesto subidas salariales iniciales del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024 revisables en función de una cláusula que tenga en cuenta la inflación y la situación económica de las empresas.

En un comunicado conjunto, y tras cancelar la rueda de prensa inicialmente prevista para este miércoles, los sindicatos incluyen en su planteamiento para intentar retomar la negociación con la CEOE un nuevo diseño para las clausulas de revisión que tenga en cuenta, además de la inflación, la evolución de las empresas.

Esa segunda parte, detallan, se vinculará a la información otorgada por un nuevo Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) "basado en fuentes oficiales y registros actuales" de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Estos datos se encuentran por debajo del último dato conocido de la inflación en febrero, situada en el 6,1%, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al dato de enero (5,9%). Además, la inflación subyacente, en la que no está incluida la energía o los precios más volátiles de la alimentación, se ha colocado en máximos del 7,7%.

El dato consolida tres meses de leves subidas, siendo cuatro décimas superior al dato de diciembre de 2022, cuando se encontraba en el 5,7%. Todavía queda lejos el pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando alcanzó el 10,8%.

El objetivo es desbloquear la negociación del marco general de subidas de sueldo bajo convenio. Cabe recordar que este mismo mes de febrero se ha aprobado en el Consejo de Ministro la subida del salario mínimo a 1.080 euros.

En los últimos cinco años, el SMI se ha incrementado un 47%, concretamente 344 euros mensuales desde los 736 euros de 2018. En las negociaciones de esta subida, que se prolongaron durante un mes, no estuvo involucrada la patronal CEOE, a la que Yolanda Díaz pidió estar "a la altura de su país".

Entonces, la CEOE apostaba por un incremento del 4% del SMI supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y a modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir la subida del SMI en los contratos en ejecución.

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