La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se dispone a reanudar las obras de ampliación de la vía interoceánica por su propia cuenta y riesgo con el fin de terminarlas a finales de 2015.
"La ACP contempla la retoma de las obras dentro de un máximo de 15 días", aseguró hoy a EFE una fuente que participó en la negociación por parte de esa entidad con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio internacional adjudicatario de los trabajos de la ampliación de la vía, paralizados definitivamente esta semana por falta de fondos.
LA ACP y el GUPC se levantaron esta semana de la mesa de negociación, en la que también participaba la firma aseguradora de la concesión de las obras, Zurich, y en las últimas horas intercambiaron sendas propuestas en las que fijan sus respectivas posiciones finales.
Llegados a este punto, el primer objetivo de la ACP es "dejar claro ante la aseguradora Zurich que no se opone a un acuerdo, pero únicamente si se atiene a los establecido en el contrato" de adjudicación, señaló la misma fuente, que pidió mantener su anonimato.
"El GUPC, además, no va a poder aceptar las condiciones de la ACP en cuanto al aplazamiento del repago de unos 800 millones de dólares, que están asegurados mediante cartas de crédito bancarias", agregó.
La misma fuente aseguró que el único plan que la ACP contempla, además de que el GUPC cumpla con el contrato, es asumir por su cuenta las obras y reveló que la empresa estadounidense Bechtel se ha ofrecido a terminar la ampliación del canal, pero su oferta fue rechazada sin tener en cuenta siquiera las condiciones económicas.
"Bechtel se acercó a la ACP para ofrecer sus servicios y la respuesta negativa fue tajante, al extremo de que se le advirtió que no serían recibidos nuevamente", explicó. El grupo constructor GUPC, formado por la empresa española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA), emitió públicamente el pasado viernes a través de los medios de comunicación una nota en la que expresaba su voluntad de llegar a un acuerdo con las autoridades panameñas.
El GUPC achacaba en ese comunicado la ruptura de las conversaciones a "la falta de un protocolo de negociación" y aprovechaba para establecer su posición en este conflicto.
Pocas horas mas tarde, la ACP contestó con otro escrito, también a través de los medios de comunicación, en el que anunciaba que había enviado al GUPC "una contrapropuesta que permite viabilizar la continuación del proyecto".
"La propuesta no aumenta el precio contratado ni la aceptación de reclamaciones algunas, las cuales deben seguir el proceso del contrato", explica la ACP. La ACP "establece fechas específicas" para "la terminación de los trabajos" y "extendería el plazo de repago de los avances, en la medida que GUPC cumpla con las fechas de entrega exigidas", añade.
"Componente fundamental de la propuesta es el cumplimiento de varios hitos que el contratista debe alcanzar durante lo que resta del contrato", advierte el comunicado. Paralelamente a este intercambio de comunicados, el Gobierno de EEUU instó el viernes a llegar a una "rápida resolución" de la disputa.
"Esperamos ver una rápida resolución de la actual interrupción de los trabajos", subrayó una portavoz del Departamento de Estado. Estados Unidos es "el mayor usuario del Canal de Panamá" y la conclusión de su ampliación "es importante" para "su actividad comercial", agregó Estados Unidos cedió en su totalidad la administración del canal a Panamá en 1999 con una cláusula en la que se arrogaba el derecho a intervenir en caso de que el funcionamiento de la vía fuera amenazado o estuviera en peligro.
El pasado diciembre, el GUPC reclamó 1.600 millones de dólares de sobrecostes al precio con el que en 2009 ganó la licitación para hacer la obra de ampliación del canal, 3.118 millones de dólares, el más bajo entre los entonces competidores.
La conclusión de las obras está asegurada por una cantidad máxima de 600 millones de dólares con la firma Zurich, que solo está dispuesta desembolsar esa cantidad de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de adjudicación.
Esa reclamación desembocó en una mesa de negociación se rompió esta semana, lo que supuso la paralización total de las obras, que están concluidas en alrededor de un 70%. La paralización de las obras ha afectado a unos 10.000 trabajadores a los que las autoridades panameñas han garantizado sus sueldos y que volverán a ser contratados en cuanto se reanuden los trabajos de construcción.
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