Con tan sólo cinco años, Alejandro ha sufrido un trasplante de hígado y tiene problemas de corazón. Su situación no mejora. Tiene reconocida una minusvalía del 38%.
Aun así, la Conselleria de Bienestar decidió retirarle en 2010 su ayuda a la dependencia. Pasó de recibir 337 euros a nada. Su madre empezó entonces una lucha que ha durado casi cuatro años, a través de un abogado de oficio por fin ha conseguido que el Tribunal de Justicia de Valencia le dé la razón.
Le abonarán los 4.725 euros de las mensualidades no pagadas y además le reactivarán la prestación de 337,35 euros. Así lo ha reconocido la sentencia del 30 de enero, pero todavía no ha cobrado ni un euro.
Gracias a la persistencia de su familia, Alejandro ha conseguido que le devuelvan su ayuda. Hay muchas otras familias que no pueden asumir los gastos del proceso judicial y se ven obligados a renunciar a su prestación.
Millón y medio de funcionarios, más sus familias
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