Este registro es un
instrumento con el que Fomento pretende garantizar que las VTC cumplen con los
requisitos que tienen establecidos por ley, esto es, que prestan trayectos
contratados previamente y no recogiendo a pasajeros en la vía pública o en
grandes recintos como estaciones, aeropuertos, estadios o estaciones.
Además, también
permitirá vigilar que este tipo de transporte cumple con el porcentaje de
viajes que estos coches pueden realizar fuera de la comunidad autónoma en la
que ha obtenido su licencia.
No obstante, el
registro, que durante este mes de febrero ha estado "en modo de
preproducción", tendrá una labor sólo informativa durante los dos primeros
meses. Así, no será hasta el 2 de mayo
cuando permita iniciar los eventuales procedimientos sancionadores en el caso
de que detecte infracciones por parte de las VTC, según detallaron dichas
fuentes.
El registro se pone en
marcha en virtud del Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno en
diciembre de 2017, el que también prohibió a los titulares de licencias de VTC
venderlas en los dos años posteriores a su consecución.
Con este Decreto,
promovido por el entonces ministro de Fomento Iñigo de la Serna, se pretendió
evitar una 'burbuja' de compraventa de este tipo de licencias ante las miles
que se espera se concedan estos años los tribunales como consecuencia del vacío
legal que el sector registró entre los años 2013 y 2015.
Asimismo, también se
buscaba habilitar un instrumento de control para la actividad del sector de
VTC, para intentar atajar el conflicto que tiene abierto con el gremio del
taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Tras los trabajos y
pruebas pertinentes, el Ministerio de Fomento, actualmente dirigido por José
Luis Abalos, baraja poner finalmente este registro en marcha el próximo 1 de
marzo, fecha a partir de la que las firmas como Uber y Cabify tendrán que
informar de todos y cada uno de los servicios que realicen.
Este instrumento 'online'
constituye una de las vías que la Administración central tiene para actuar en
el ámbito del sector de los VTC, tal como el titular de Fomento indicó en una
reciente comparecencia parlamentaria, toda vez que el pasado año aprobó,
también por Decreto Ley, habilitar a los gobiernos regionales para que regulen
el sector.
El registro se pondrá en
marcha mientras que las gobiernos autonómicos están habiendo uso de estas
competencias de distinta forma. Así, en Cataluña, el Govern ha aprobado
una regulación que obliga a contratar las VTC con una antelación mínima de
quince minutos. Esta medida, ante la que Uber y Cabify han dejado de operar en
la Comunidad, está siendo analizada por otras regiones como el País Vasco,
Valencia y Aragón, mientras que, por contra, en Madrid el Ejecutivo regional
rechaza implantarla.