Tras tres resoluciones
Consumo ordena a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos
¿Por qué es importante? Ya en los últimos meses, la cartera que dirige Bustinduy remitió a la compañía hasta tres resoluciones en las que se notificaban estas publicidades. Ahora, el TSJM avala la retirada.
Resumen IA supervisado
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma, considerados ilícitos por violar normativas de publicidad. La Dirección General de Consumo detectó que estos anuncios, que no incluyen números de licencia válidos ni la naturaleza jurídica de los arrendadores, afectan a varias comunidades autónomas. Aunque Airbnb recurrió la medida, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló las acciones de Consumo, ordenando la retirada inmediata de 5.800 anuncios. El Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, colabora con otras administraciones para combatir la ilegalidad generalizada y proteger los derechos de los consumidores. Además, Consumo ha iniciado expedientes sancionadores contra plataformas y gestores por incumplimientos normativos.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma. Así lo ha anunciado este lunes la cartera de Pablo Bustinduy en un comunicado al que ha accedido laSexta y en el que se precisa que se trata de 65.935 anuncios a cuya eliminación se ha instado a través de la Dirección General de Consumo al ser considerados "ilícitos" por "contravenir" la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.
En concreto, según el departamento que dirige Bustinduy, la filial en Irlanda de la multinacional "vulnera" la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha "detectado" estos anuncios. "En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales", precisan desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
Tal y como recuerdan desde la cartera, en los últimos meses, se han remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas detectadas en su plataforma, en las que ya se instaba a esta empresa a bloquear su publicidad. No obstante, "Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre la primera resolución" avalando las actuaciones de Consumo. Precisamente, el TSJM insta a Airbnb a retirar "de manera inmediata" 5.800.
Tres razones
En ese sentido, la Dirección General de Consumo esgrime tres razones para justificar la "ilegalidad" de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que "estarían incumpliendo diferentes normativas". En primer lugar, según el Ministerio, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas y que supone la infracción "más común" en la publicidad que ha sido analizada.
Por otra parte, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que, a juicio del Ministerio, resulta "fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no". A su vez, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Esta práctica "puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras".
En concreto, los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
Denuncian ilegalidad generalizada
En base a esta cuestión, el ministro Bustinduy ha manifestado de forma pública su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el "descontrol" y la "ilegalidad generalizada" de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.
Por esta razón, , según recoge Servimedia, desde Consumo se está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades. De esta manera, el Ministerio que dirige Bustinduy "redobla" su "compromiso" con esta causa aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y "pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados".
Más expedientes
En este contexto, hizo hincapié en que la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia, y que en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
"Estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas", ha explicado Consumo, al tiempo que ha indicado que, además, el pasado 27 de marzo se abrió también un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos.