Una juez de Madrid ha reconocido el derecho del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán a la Justicia Gratuita que le denegó la Comunidad de Madrid. Así, deberá pagarle ahora un abogado de oficio porque, aunque dispone de bienes por más de medio millón de euros, no puede disponer de ellos.
En un auto, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid Ana María Gallego ha revocado la decisión de la Comisión de Asistencia Jurídica de la Comunidad de Madrid del pasado 17 de enero. En ésta se había rechazado la petición de Díaz Ferrán ante los "signos externos" de que él y su mujer cuentan "con capacidad económica" suficiente para afrontar este gasto.
La juez, que otorga así el derecho de Díaz Ferrán a un abogado de oficio y le exonera de pagar tasas judiciales, explica que el matrimonio dispone de propiedades en porcentajes que oscilan entre el 33 y el 50 por ciento, salvo en una, cuyo "valor de mercado es superior al medio millón de euros".
Sin embargo, Gallego, que declaró a Díaz Ferrán culpable del concurso de Marsans y le inhabilitó durante 15 años, sostiene que hay que tener en cuenta dos datos de "absoluta relevancia", como es el concurso personal tanto del exdueño del grupo turístico como de su mujer.
De ahí que deba partirse de "la premisa de que todo derecho o activo que pudiera ser titularidad de cualquiera de los dos en realidad pertenece a la masa de los referidos concursos".
En este sentido, recuerda que la administración concursal apuntó a la "insuficiencia de la masa para hacer frente a la totalidad de los créditos" y que hasta el momento presente no se ha ingresado cantidad alguna.
La ley de asistencia jurídica gratuita recoge que se reconocerá este derecho "a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud".
Además de Justicia gratuita, Díaz Ferrán reclamó una cantidad mensual para productos alimenticios y de higiene personal para garantizar la "mínima subsistencia" de él y su esposa y su "propia dignidad personal", pero el Juzgado de lo Mercantil número 5 se lo denegó al considerar que la Administración Concursal ya le aseguraba sus "necesidades mínimas".
El expresidente de la CEOE se encuentra en prisión desde diciembre de 2012 bajo fianza de 5 millones de euros por orden de la Audiencia Nacional, que a principios de año le condenó a dos años y dos meses de cárcel por defraudar a Hacienda 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet.