La Comisión Europea ha acusado este martes a los bancos Deutsche Bank y Rabobank de formar un cartel para distorsionar la competencia en el mercado de deuda soberana denominada en euros, mediante el intercambio de información sensible y otras prácticas contrarias a las reglas de la Unión Europea entre 2005 y 2016.
En el pliego de cargos remitido a las dos entidades, el Ejecutivo comunitario les informa de sus sospechas respecto a que durante esos años usaron intermediarios para intercambiar informaciones comerciales "sensibles" y coordinaron sus estrategias de precios y de negociación de cara a las negociaciones en el mercado secundario de deuda soberana en el espacio económico europeo. Eso supuso que se desbocara la prima de riesgo en países como Grecia, España o Italia.
Los contactos se produjeron principalmente por correo y por mensajes 'online' en distintos foros de discusión, según los servicios comunitarios, que abren ahora el plazo para que las partes señaladas respondan a las acusaciones.
El Ejecutivo comunitario intentó inicialmente alcanzar un acuerdo con las dos entidades financieras pero la falta de avances le llevó a retomar el procedimiento formal y seguir adelante con el caso, ha informado la propia institución comunitaria en un comunicado.
"Para garantizar una competencia efectiva, es fundamental que los operadores económicos determinen sus precios de forma independiente. Los ciudadanos deben poder estar seguros de que las instituciones financieras no emplean prácticas que restrinjan la competencia en los mercados de negociación de bonos", ha apuntado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
Tras esta comunicación formal se abre el periodo para que Deutsche Bank y Rabobank presenten sus alegaciones, si bien Bruselas no tiene un plazo fijado para examinar sus respuestas y tomar una decisión. Esta es la tercera investigación abierta por los servicios comunitarios por prácticas contrarias a la competencia en el mercado de deuda.
En caso de que el expediente concluya en una decisión contraria a las compañías, el Ejecutivo comunitario tiene margen para imponer una multa de hasta el 10% de la facturación mundial anual de las sancionadas.
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