El alto tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero, interpretó el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento y concluyó en sentencia firme que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como su jurisprudencia anterior sostenía), sino la entidad que presta la suma correspondiente.
No obstante, el Supremo decidió convocar el Pleno para confirmar o anular la jurisdisprudencia recogida en dicha sentencia, por tratarte la decisión de un "giro radical" y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social".
Aunque la nota enviada hoy por la Sala Tercera del Supremo añade una gran incertidumbre regulatoria y, a la espera de que realice un nuevo movimiento, los principales bancos españoles han comenzado a analizar un posible aumento de los precios de las hipotecas a comercializar.
Este movimiento se debe a que si el sector ya cuenta con una estrecha rentabilidad dado el entorno de tipos de interés en mínimos históricos o una elevada competitividad comercial, entre otros aspectos, y tener que asumir un nuevo impuesto que hasta ahora lo venía abonando el cliente supone un duro golpe a su cuenta de resultados.
El sector, no obstante, no tiene certeza ahora mismo de nada, teniendo aún que valorar la decisión del Supremo, ya que no están claras las condiciones a aplicar. El 'vacío' legal en el que se encuentran las entidades llega después de que el alto tribunal haya revisado su criterio con respecto a este impuesto hasta en dos ocasiones.
En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que lo "lógico" será que si al final es el banco el que debe asumir el gravamen se revisará y replanteará la política de precios. "Si tienes que asumir un coste que no estabas asumiendo y ya contabas con unos diferenciales ajustados, en un mercado hipotecario tan competitivo como es el español, será lo obvio", subrayan.
Dependiendo de la comunidad autónoma en la que opere cada entidad, tendrán que pagar entre un 0,5% y un 1,5% del impuesto. "Si hay que pagar esta cantidad sin repercutir al cliente, quizá estas operaciones dejarán de interesar a los bancos y podría dejar de otorgarse hipotecas", aseveran.
Tras hacerse pública ayer la sentencia del Supremo, los seis bancos del Ibex 35 llegaron a perder cerca de 5.500 millones de euros de capitalización bursátil. Este viernes, no obstante, se dieron la vuelta hasta cotizar casi todos en 'verde' después de que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo haya decido someter al Pleno el 'giro jurisdisprudencial'. Solamente Santander y Sabadell retrocedieron ligeramente un 0,32% y un 0,12%, respectivamente.
El hecho de que sea el banco el que debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de una hipoteca, así como el posible carácter retroactivo de la decisión, lastraría las cuentas de las entidades financieras.
La responsabilidad del pago de este impuesto podría tener un coste superior a los 4.000 millones de euros, según cálculos realizados por la firma de calificación crediticia Moody's, que incluso calificaba este dictamen de más agresivo que el de las cláusulas suelo.
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