Solo cuatro cantones, Argovia, Glarus, Obwalden y Schwyz, rechazaron la nueva ley, en la que el Gobierno suizo comenzó a trabajar después del accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011 para dejar atrás la era atómica y sentar las bases para un ambicioso proyecto de transformación energética en Europa.
Suiza cuenta con cinco centrales nucleares, que serán desactivadas una vez cumplida su vida útil, en 20 y 30 años. Un tercio de la energía que produce Suiza es de origen nuclear, un 60 % procede de centrales hidroeléctricas y el resto de centrales termoeléctricas y de varias fuentes de energía renovable.
Dado que con la nueva ley Suiza ya no podrá contar en un futuro con un tercio de la energía que produce, la Estrategia 2050 establece una reducción del consumo de energía y electricidad. De media cada persona debe disminuir el consumo energético en un 16 % hasta 2020 y en un 43 % hasta 2035 en comparación con el año 2000, y el de electricidad un 3 % y un 13 %, respectivamente.
Para compensar esta reducción, Suiza pretende aumentar la producción de energía a través de recursos renovables como la energía solar, la eólica, la biomasa, el biogas y la geotérmica. Para poder financiar este impulso a las energías renovables, los hogares y las empresas tendrán que pagar más por la electricidad.
Ello significa que la factura de electricidad de una familia de cuatro personas y con un consumo medio se encarecerá en 40 francos (unos 37 euros). Los detractores de la Estrategia -Alianza Energía y un comité pluripartidista con miembros del derechista UDC, los liberales del FDP, los democristianos del CVP- aseguraron que los costes serían mucho mayores y que el Gobierno "omitía" los gastos reales.
Sostienen que la ley costará en los próximos 30 años 200.000 millones de francos, lo que supone para un hogar con cuatro personas cada año 3.200 francos más en impuestos y gastos. Igualmente argumentaron que la exigencia de reducir casi en la mitad el consumo energético en los próximos 18 años requiere "medidas drásticas" a los suizos, con instalaciones nuevas en sus viviendas y edificios y con más burocracia y prohibiciones.
Afirman asimismo que la ley provocará pérdidas de puestos de trabajo y de bienestar, sobre todo en el turismo, los comercios minoristas y los sectores manufactureros, y que las instalaciones eólicas y fotovoltáicas adicionales "desfigurarían" el paisaje.
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