Solo uno de cada tres municipios en España ha implementado la ZBE: 114 localidades no cumplen la normativa

El 67,5 % de los municipios españoles que debían implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023 continúan sin disponer de ella dos años y medio después, según los datos provistos por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Del total de 169 localidades obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático, 92 se encuentran actualmente en medio del proceso de elaboración, aprobación o implantación de una de estas áreas, mientras que una veintena está aún pendiente de iniciar los trámites y sólo un 32,5 % -55 municipios- cuentan con una ZBE en vigor.

Entre los consistorios que cumplen con la norma se encuentran buena parte de las grandes ciudades españolas -Sevilla, Barcelona, Bilbao o Zaragoza-, al tiempo que otras como Valencia o Las Palmas de Gran Canaria no disponen actualmente de una ZBE completamente implantada.

Leyes y sanciones

La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, obligó a crear una ZBE antes de 2023 a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades con más de 20.000 personas que superen los valores límite de contaminación establecidos. El Real Decreto 1052/2022, que desarrolló posteriormente la norma, especificó además unos requisitos mínimos para su elaboración, como la necesidad de contar con sistemas de restricción y control de accesos, circulación y estacionamiento, o con un régimen sancionador.

Estos aspectos, especialmente las sanciones, se encuentran aún pendientes de aplicación en numerosos municipios, que han establecido moratorias de diferente duración para las multas, por lo que el Miteco considera sus ZBE incompletas. La falta de implantación completa de las mismas podría conllevar una pérdida económica para los 114 municipios que aún no cumplen con la norma: el pasado marzo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estableció la condición de disponer de una ZBE a lo largo de 2025 para que puedan ser beneficiarios de las ayudas al transporte público.

Para ello, además de su aprobación, el ministerio exige la aplicación de "restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos" según su potencial contaminante, la existencia de un sistema de control accesos y de monitorización y un "régimen sancionador activo".

Seis ZBE anuladas actualmente por la justicia

Las ZBE aprobadas, por su parte, se han enfrentado a repetidos recursos judiciales que han resultado en su anulación en al menos siete ocasiones desde el año 2022 en Barcelona -la primera en ser suspendida, aunque la ciudad aprobó una nueva norma en 2023-, Gijón, Madrid, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y Ávila. El último ayuntamiento en ver su regulación anulada ha sido Ávila, contra el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló a principios de junio por un defecto formal similar al que motivó la suspensión de la ZBE de Segovia a mediados de mayo.

Para solventar dicho defecto, el consistorio abulense habrá de aprobar un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y una nueva ordenanza reguladora de la ZBE, proceso que previsiblemente durará "varios meses" y durante el cual no se multará a los vehículos que accedan al área restringida, según ha explicado a EFE su teniente de alcalde, José Ramón Budiño.

Madrid, Badajoz y Gijón también se encuentran actualmente en proceso de aprobación de nuevos planes de movilidad y ordenanzas reguladoras tras las sentencias de los tribunales: los tres consistorios estimaban poder aprobar dichas regulaciones antes del verano, aunque no ha sido así. En el caso de Madrid, además, la anulación de su ZBE, el 17 de septiembre de 2024, no ha afectado a las restricciones de acceso a los vehículos no autorizados: mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "no resuelva la ejecución provisional de su sentencia", ha aclarado a EFE el abogado y socio del bufete Dikei, José María Monedero, las restricciones "seguirán vigentes" y estará permitido multar.

Esta ejecución provisional, en cambio, sí que ha sido ordenada en el caso de Santa Cruz de Tenerife, cuya ZBE fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado mes de marzo, una sentencia que ha sido recurrida por la alcaldía.

Por lo tanto, las Zonas de Bajas Emisiones siguen a la espera de implementarse por los diferentes municipios obligados por ley. Un proceso lento que ya llega más de dos años tarde y que, de momento, menos un tercio de las localidades ha llevado a cabo.

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