Pero... ¿qué ocurre con las Zonas de Bajas Emisiones?

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llevan meses en el punto de mira porque lo que sobre el papel parecía sensato, en la calle ha resultado mucho más problemático. La medida, planteada como un paso hacia la mejora de la calidad del aire, ha chocado con una realidad social y económica que no siempre se tuvo en cuenta: no todo el mundo puede permitirse cambiar de coche.

Distintas asociaciones venían alertando desde hace tiempo de que las ZBE se estaban implantando con prisas, sin estudios serios y sin valorar el impacto sobre las familias con menos recursos, y ahora ya hay algunas sentencias que empiezan a respaldar esa crítica. Varias ordenanzas han sido tumbadas por errores legales, y ya son unas cuantas las ciudades que ven cómo sus restricciones se desmoronan.

El caso más reciente ha sido el de Segovia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado su ordenanza por no ajustarse a derecho. La lista crece: Badajoz, Gijón, Santa Cruz de Tenerife o Madrid también han visto sus ZBE suspendidas. Todo apunta a que el modelo actual hace aguas y que podríamos estar ante el principio del fin de estas zonas, al menos tal como se han planteado hasta ahora.

Anulaciones en cadena

El principal argumento de los tribunales suele ser la falta de justificación técnica o legal. En algunos casos, las ordenanzas no incluían estudios de impacto suficientes, y en otros directamente se considera que no respetan el principio de proporcionalidad. Es decir, que el daño que causan (por ejemplo, a quienes dependen del coche para trabajar) no compensa el beneficio ambiental que prometen.

La asociación Liberum, que ha impulsado varios de estos recursos, afirma que se trata de “una gran victoria ciudadana”. Sostiene que las ZBE “no están bien diseñadas” y que penalizan a los hogares con menos recursos, justo los que tienen coches más antiguos. A esto se suman los datos de ciudades como Barcelona, donde las multas se concentran en los barrios con rentas más bajas. No es una opinión: son cifras.

Mientras tanto, las reacciones políticas han sido diversas. Algunos ayuntamientos han optado por modificar sus ordenanzas para tratar de ajustarse a la ley. Otros, en cambio, han decidido mantenerlas activas mientras esperan el resultado de posibles recursos. La situación, a día de hoy, es un auténtico puzle jurídico en el que cada ciudad parece ir por libre.

El ejemplo francés y el debate europeo

Lo ocurrido en Francia ha añadido todavía más leña al fuego. La Asamblea Nacional votó hace unas semanas, a favor de eliminar sus zonas de bajas emisiones tras reconocer que perjudican a los hogares con ingresos bajos. Es una decisión política, no judicial, pero ha tenido eco en España. El Real Automóvil Club Vasco Navarro ya advirtió de que las ZBE “tienen los días contados”, y los hechos parecen darle la razón.

La clave aquí no está tanto en el objetivo (mejorar el aire) como en los medios empleados. Una gran parte de la ciudadanía no cuestiona que haya que reducir emisiones, pero sí pide que se haga de forma justa. La Federación Española de Municipios y Provincias ha sido clara: si no se acompaña la restricción del tráfico con mejoras en el transporte público, ayudas al cambio de coche o una planificación coherente, las ZBE se convierten en un castigo más que en una solución.

En España no están preparadas todas las ciudades. Mientras en algunas capitales hay redes amplias de transporte y alternativas reales al coche, en otras la única opción viable para muchos vecinos sigue siendo el vehículo privado. Prohibir sin dar una salida no es una transición, es una exclusión.

¿Qué pasará ahora?

La incertidumbre es total. Las ZBE son obligatorias por ley estatal para los municipios de más de 50.000 habitantes, pero las anulaciones judiciales dejan a los ayuntamientos en una situación incómoda. Si las aplican, pueden acabar perdiendo en los tribunales. Si no lo hacen, se arriesgan a sanciones por incumplimiento de la normativa europea y estatal. Están atrapados entre dos fuegos.

Por ahora, la mayoría de las anulaciones tienen que ver con defectos de forma, no con el fondo. Esto significa que no se cuestiona la necesidad de reducir la contaminación, sino cómo se está haciendo. Sin embargo, a medida que avancen los recursos, no se descarta que empiecen a llegar sentencias que vayan más allá y entren en el fondo del asunto. Si eso ocurre, el modelo de ZBE actual podría tambalearse del todo.

Mientras tanto, muchos ciudadanos siguen sin saber si mañana podrán circular con su coche o no. Y ese es quizá el mayor problema de todos: la inseguridad jurídica, el desconcierto y la sensación de que se legisla sin contar con la realidad del día a día de la gente.

¿Necesidad? Sí, pero con cabeza, por favor

Las ZBE no son una mala ideaen sí mismas. La calidad del aire importa, y mucho. Pero cualquier medida de este calado debe aplicarse con planificación y pensando más allá de los sectores más pudientes de la población. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de haber querido correr demasiado, sin pensar en las consecuencias prácticas.

No pueden reducirse las emisiones a costa de dejar a nadie atrás. Ni al autónomo que trabaja con su furgoneta, ni al pensionista que vive en un barrio sin transporte público, ni a la familia que no puede permitirse un coche nuevo. Las ciudades del futuro pueden ser más limpias sin marginar a quienes las sustentan.

Quizá haya llegado el momento de repensar las ZBE desde cero. No para eliminarlas, sino para diseñarlas mejor. Con tiempo, con objetivos realistas, con una red de transporte que funcione y con normas que respeten la ley. Porque si no, lo que se plantea como una solución acabará siendo otro problema más.

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