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El Supremo mantiene para el 29N la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'

El contexto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió directamente al Tribunal Supremo frenar el "intento de atropello" de PP y Vox contra la ley de nietos porque, ha dicho, "en democracia el derecho al voto no se prohíbe" sino que se "garantiza".

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo. EFE/Javier Lizón Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo.EFE/Javier Lizón

A poco más de un mes para las elecciones, el Tribunal Supremo toma una decisión inédita. Mantiene la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' y por tanto no todos podrán votar el 29 de noviembre. En total son 163.000 los afectados que no podrán ejercer un derecho fundamental como el sufragio.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero. Incluye el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que el Gobierno estudiará a través de la Abogacía del Estado si la cautelar se considera resolución definitiva y por tanto es recurrible al Tribunal Constitucional por el Gobierno o solo por los afectados. En su escrito, el Supremo da la posibilidad de que los afectados puedan personarse en la causa y destacan que podrán votar quienes acrediten ante los consulados que tienen la documentación acreditativa de que sus antepasados fueron represaliados durante el franquismo.

Así lo ha resuelto el Tribunal, después de las peticiones del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado solicitando medidas cautelares. Fiscalía, según fuentes a laSexta, puso de manifiesto las serias dificultades que podría haber, por razones de seguridad jurídica y legal, al usarse para estas elecciones un censo ya cerrado a fecha de 1 de agosto con mínimas posibilidades de modificación.

Además, apuntaron a que la ejecución del auto podía generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde ese momento hasta el de las elecciones y con posterioridad.

Su postura se sumó a la trasladada por la Abogacía del Estado, que advirtió de que el adelanto electoral acrecentó más la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afecta la medida cautelar adoptada por el Supremo.

El anuncio supone una novedad paradójica porque a muchos de los que se les prohíbe votar ahora ya votaron en otras elecciones municipales, autonómicas e incluso generales anteriores, un argumento al que el Gobierno se ha agarrado estos meses para meter prisa al Supremo.

"Peligro fundado y real"

Todo, después de que el Tribunal considerase que la 'ley de nietos' representa un "peligro fundado y real" en el resultado de futuras elecciones, expresando su temor a que la inscripción de nuevos electores, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, afectase "al resultado electoral deseado por los españoles".

Ese fue el fallo del Tribunal y así lo señaló la Sala de lo Contencioso Administrativo en unos autos que paralizaron de forma cautelar el voto de los residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a una instrucción del Ministerio de Justicia que eliminó la obligación de demostrar documentalmente la persecución por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual para los exiliados entre 1936 y 1955.

La Sala hizo hincapié en el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA residentes en el extranjero", apuntando a la afectación "a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados", además de generar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral".

En su argumentación, manifestaron que "existe ese riesgo de alteración del censo electora por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica".

Gobierno y oposición, enfrentados

La 'ley de nietos' ha sido un nuevo foco de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que ha alimentado el fantasma de que permitir el voto a los nacionalizados y beneficiados por esa medida podría beneficiar al PSOE, algo que es imposible de saber.

Desde Ferraz, pidieron "celeridad" al Tribunal Supremo y afirmaron que, en caso de mantenerse la suspensión, para el 29 de noviembre el censo estaría "alterado".

Por su parte, Pedro Sánchez lanzó una cuestión en su mitin de Ponferrada: "¿Qué significa esto, que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y que los nietos del régimen franquista sí?"

En el PP, por su parte, Feijóo usó la expresión "instrucción ilegal" y habló de un "interés electoral" del Ejecutivo con la 'ley de nietos'. Su discurso, muy parecido al de Abascal: "Han intentado claramente alterar el censo electoral en España".

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