Votar en España es un derecho, no una obligación, como ocurre en otros países de la Unión Europea, Asia o América Latina. Tras 40 años de dictadura, España acuñaba por primera vez en la historia del país el concepto 'sufragio universal' como uno de los derechos fundamentales de la Constitución de 1978. Cualquier persona mayor de edad, independientemente de su sexo o condición, tendría derecho a elegir a sus representantes públicos.

Antes de la Guerra Civil, España ya tenía una tradición democrática. En 1869, España recoge en su Constitución el sufragio universal masculino, si bien no fue hasta las elecciones de 1933, durante la Segunda República, cuando la lucha de mujeres como Clara Campoamor abriría el paso a su derecho a voto, aprobado por mayoría ese mismo año.

Sin embargo, la no obligatoriedad del voto siempre ha provocado un porcentaje importante de abstención. Tras más de cuatro décadas con el derecho al sufragio universal intacto en España y después de 13 elecciones generales, los comicios de 1982 siguen siendo los que más participación consiguieron aglutinar: el 80% del electorado salió a votar aquel 28 de octubre.

Nunca se ha conseguido superar esa cifra, a pesar de que numerosas encuestas han destacado la importancia que tiene el voto para los españoles. En las últimas elecciones generales, en noviembre de 2019, hubo 217.227 votos en blanco y 249.487 votos nulos. Es decir, el 0,8% de los votantes depositó una papeleta en blanco en la urna y el 1,01% de los votos fue declarado nulo, según el recuento oficial publicado en el BOE. Pero, ¿por qué España sembró los pilares de la democracia con un derecho y no una obligación?

¿Por qué no es obligatorio votar en España?

El Ministerio del Interior define el sufragio en España como "universal, libre, igual, directo y secreto". Es decir, entiende la libertad de voto como un derecho: nadie puede ser obligado a votar. También lo define como igual porque todos los votos tienen el mismo valor en la circunscripción y como directo porque mediante el voto se designa a aquellas personas que representarán a los españoles en los asuntos públicos. Además, en España el voto es secreto: nadie puede ser obligado a revelar el sentido de su voto.

España entiende, por tanto, que sus ciudadanos deben tener la libertad de votar o no a sus representantes políticos. De hecho, quien acude a votar tampoco tiene por qué decidirse por una candidatura, ya que existe la posibilidad del voto en blanco y el voto nulo, además de la abstención (no votar).

Las diferencias son claras: el voto nulo se produce cuando se incluye en el sobre algo que no sea la papeleta electoral, mientras que el voto en blanco, en el que no se incluye ninguna papeleta electoral, se considera válido y perjudica a las formaciones más pequeñas al incluirse en el recuento de escaños y dificultar que los partidos políticos menos votados alcancen un 3% del escrutinio.

No ocurre lo mismo en todos los países democráticos, ni siquiera hay unanimidad de opiniones en este sentido dentro de la Unión Europea. Países comunitarios como Grecia o Bruselas obligan a sus electores a decidirse en las urnas. Otros extracomunitarios como Luxemburgo, incluso imponen sanciones económicas elevadas por no hacerlo.

Los motivos de los países a favor del voto obligatorio

La tendencia en Europa camina hacia la supresión del voto obligatorio, pero algunos países aún lo mantienen. Es el caso de Bélgica, donde las sanciones por no acudir a votar pueden oscilar entre los 30 y 50 euros y la imposibilidad de opositar para funcionario.

Durante décadas, los belgas han debatido sobre esta obligatoriedad y algunas encuestas apuntan a que casi un 50% de la población estaría a favor de suprimirlo. Sin embargo, el argumentario de quienes lo defienden pasa porque de este modo toda la población acude de forma igualitaria a las urnas y los partidos políticos se ven en la obligación de atender también a las necesidades de las clases medias y bajas.

Quienes la defienden consideran que los inconvenientes son mínimos en comparación con las ventajas, y que se trata de una pequeña exigencia en favor de cuidar la democracia. Es, por ejemplo, el planteamiento que también se sigue en Luxemburgo, donde las sanciones son mucho más serias: en caso de abstención, la multa puede ir de los 100 a 1.000 euros y solo algunos grupos vulnerables pueden ser excusados.

Grecia es otro de los países en los que el voto es obligatorio. Solo están exentas las personas mayores de 70 años y aquellas que viven a más de 200 kilómetros de su circunscripción electoral. Las penas, en caso de no acudir, oscilan entre un mes y un año de cárcel.

En total, votar es obligatorio en 27 países, entre ellos Argentina, Australia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, Turquía o Liechtenstein. En el primero, la ley solo excluye de votar a las personas de a partir de los 70 años y de entre 16 y 18 años, para los que el sufragio es optativo.

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