Ya se han escuchado voces en el Partido Popular, que haciendo un ejercicio de funambulismo léxico, han puesto en duda la imputación de Martínez Maíllo. Incluso la vicepresidenta del Gobierno duda de la imputación del nuevo vicesecretario de organización.
La información del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice que Martínez Maíllo y el resto de miembros del consejo de Administración de Caja España en 2009, están imputados por un delito de administración desleal.
Hasta en dos ocasiones advirtieron del riesgo que suponía tener concedido 80 millones en créditos a empresas del constructor Santos Llamas, en aquel entonces presidente de la entidad bancaria. Esos créditos dejaron un agujero de 60 millones de euros. "Eran préstamos políticos que no se hubiesen dado a cualquier otra persona", explica el actual alcalde de Zamora.
Como miembro del consejo, Martínez Maíllo participó en la decisión de conceder esos créditos. Y también en la refinanciación de los mismos a pesar de que Llamas no podía pagar.
Un informe del Banco de España acredita que esa refinanciación se aprobó en contra de toda lógica. "A pesar de que no existía una razonable certeza de que el cliente pudiera hacer frente a su pago en el calendario previsto, tal y como advirtió el Comité de Riesgos".
La defensa de Martínez Maíllo pidió el aplazamiento de su declaración en calidad de imputado para poder prepárala. Aún no hay fecha para la misma, aunque fuentes implicadas en la causa aseguran que sería pasado el mes de septiembre.
