En la izquierda se muestran convencidos de que habrá un Ejecutivo progresista, a pesar de que las exigencias de Junts -amnistía y autodeterminación- son líneas rojas para los socialistas. No obstante, Ignacio Escolar cree que "probablemente haya gobierno" y apunta que estas posiciones iniciales son "las posiciones de máximos en las que se mueve siempre el inicio de cualquier negociación". "Queda mucho todavía", incide el director de 'eldiario.es'.
A su juicio, "el Gobierno tiene poca prisa" ante "un escenario en el que Feijóo ha decidido hacer ver que puede gobernar cuando las matemáticas dicen que es imposible" y en el que el líder del PP "está generando un desgaste para su partido y para su propia figura". Además, añade, el Ejecutivo "sabe que el resto de los socios parlamentarios que tiene que cerrar antes de negociar la abstención con Junts los tiene más o menos fáciles".
"Ya veremos de lo que pide Puigdemont a lo que acepta Puigdemont, si es que lo acepta", advierte no obstante Escolar, que cree que una de las cuestiones que podría frustrar la investidura es el hecho de que "depende de una sola persona". "Junts como partido está muy fragmentado, pero el único que tiene fuerza de verdad para decidir si es un sitio o es el otro es solamente Puigdemont", incide el periodista, que alerta de que "una persona siempre es imprevisible".
Entonces, ¿quién cederá? ¿Hasta dónde pueden llegar las concesiones de ambas partes? Escolar sostiene que el Gobierno "ni puede conceder un referéndum de autodeterminación" ni tampoco "puede aprobar una amnistía generalizada porque también está prohibido legalmente", pero "sí que puede hacer algo": "Un punto entre lo que hoy pide Puigdemont y lo que hoy puede conceder el Gobierno similar a lo que supusieron los indultos" y "buscar una solución política a un problema que siempre fue político".
"Probablemente la solución a ese problema político también tendrá que tener una solución para el problema personal de Puigdemont y de otros condenados o procesados judicialmente por el procés", concluye.
A vueltas por la gestión de la DANA
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