Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_
Mientras el proceso soberanista sigue avanzando hacia su consulta independentista, al otro lado sigue encontrándose con la negativa del Gobierno central a permitir que se pongan las urnas. Al sinfín de declaraciones cruzadas entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y las fuerzas independentistas se sumaba el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que aprovechaba una intervención en el debate de Al Rojo Vivo, en laSexta, para reprender la actitud del Gobierno frente a la celebración del referéndum independentista: en lugar de sentarse y negociar una consulta pactada, responde a cualquier iniciativa de los independentistas llevándola ante la Justicia.
“Ya estamos hablando de 400 causas judiciales abiertas en Cataluña por el mero hecho de que los ayuntamientos han ratificado aquello que ha aprobado el Parlament de Catalunya. ¿El estado español está dispuesto a que vuelvan a existir presos políticos por haber abierto un colegio electoral?”
En noviembre de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó una resolución que "declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república". Con el voto a favor de los 72 diputados de Junts Pel Sí y la CUP, la Cámara catalana iniciaba así el “proceso de desconexión” entre Cataluña y el resto de España.
Aunque el Tribunal Constitucional suspendió la resolución a los pocos días, municipios y ayuntamientos no tardaron en sumarse a la misma aprobando mociones de apoyo al “proceso de desconexión”. Y es aquí donde interviene la acción de los tribunales contra los consistorios a las que se refería el diputado de ERC.
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una organización que defiende la secesión de Cataluña, recopila todas las causas judiciales abiertas en relación al “proceso soberanista” hasta diciembre de 2016. Según los datos que ha facilitado a El Objetivo, en total se han abierto 354 procesos judiciales en los últimos dos años, entre los interpuestos por la Delegación del Gobierno en Cataluña y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La cifra se aproxima a la que declaró Tardà, pero ¿cuántos de estos procesos tienen que ver con la “ratificación” de la resolución aprobada por el Parlament?
Entre las 354 causas judiciales, sólo 8 se producen por dar soporte a la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el “inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, las únicas explícitamente relacionadas con el mandato del Parlament.
Otras 106 guardan relación con denuncias por aprobar mociones a favor de que los ayuntamientos liquiden sus impuestos a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) —lo que el “procés” llama “soberanía fiscal”— y 47 por aprobar mociones para declararse “territorio catalán libre y soberano”, ambos conceptos directamente relacionados con resoluciones y leyes de la Cámara catalana aunque no referidos a ellas específicamente.
Hasta 104 procesos judiciales guardan relación con lo que la asociación denomina “guerra de banderas” —esto es, exhibir la estelada o no colgar la bandera española de manera visible en la fachada del ayuntamiento. Además, los acuerdos municipales de algunos consistorios para pagar una cuota anual a la asociación han desembocado en otras 89 denuncias. Aunque todas ellas guardan relación con el “procés”, no se refieren a la ratificación de la resolución que ha emanado del Parlament de Cataluña.
Además, no todas las 354 causas judiciales permanecen abiertas. Del total de procedimientos, según recoge la AMI, 148 ya han sido desestimados o archivados y un total de 22 ya tienen sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia.
Teniendo en cuenta los datos, son 354 los proceso abiertos en relación con el proceso soberanista, pero no todos ellos tienen que ver con que los Ayuntamientos hayan “ratificado lo aprobado por el Parlament”, como dice Tardà. Su afirmación es ENGAÑOSA