"Punto de tensión"
Baltasar Garzón, sobre la sentencia contra el fiscal general del Estado: "Toda sentencia se tiene que basar en hechos probados"
El magistrado considera que, en este caso, los hechos probados se han determinado mirando solo "hacia una parte". Garzón expone que la sentencia ha supuesto un punto de inflexión.
Baltasar Garzón visita El Intermedio para presentar su nuevo libro, 'La democracia amenazada'. Como señala Sandra Sabatés, en la publicación señala que "hay una élite del Poder Judicial que, consciente de su poder, lo ha puesto al servicio de una determinada causa política".
Garzón indica que, con esa expresión, quiere decir que "tal como está configurada la cúpula judicial en España, y específicamente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es que en aquellos procedimientos que se trata de aforados, nos encontramos con que es imposible que puedan recurrir esa sentencia porque no existe la doble instancia". Para el magistrado, "eso otorga un poder desmesurado a esa sala y no se ha pensado en el sistema español".
El magistrado ve necesaria la existencia de un contrapeso con mecanismos "o de enjuiciamiento externo o de control de ese poder político". Garzón expone que "en determinadas resoluciones judiciales se percibe que hay un determinado segmento, que iría también por el sector profesional más conservador de la judicatura, que están desarrollando acciones que, a mi modo de ver, podrían ser interpretadas como un instrumento que desnaturaliza la propia justicia".
Esa justicia, en su opinión, debe ser "clara, transparente, participativa, igualitaria y que genere confianza". "La confianza no nace de un comunicado, la confianza se tiene que ganar", añade, "y se gana con resoluciones claras y que cualquier ciudadano no tenga que decir a qué beneficia a tal grupo político que está impulsada por ese otro grupo político".
El juez indica que eso se ha podido ver, por ejemplo, asociaciones conservadoras han ejercicio de acusación popular contra el fiscal general del Estado. "Y yo me pregunto ¿a quién representan esos señores en una institución, como es el ministerio Público, jerárquica y autónoma, que no me representan a mí?", afirma. "Por tanto, si ejercen la acción popular debería de medirse y pensar legislativamente cómo regular estas excrecencias que se producen y mal uso y praxis de instituciones que sirven para protegernos a todos, no para hacer militancia política", añade.
Garzón expone, precisamente, que la sentencia contra el fiscal general del Estado supuso un antes y un después. "Creo que toda sentencia se tiene que basar en hechos probados", explica, "y lo que yo percibo, y así lo trato de desarrollar en el libro, es que aquí los hechos probados se han determinado mirando solo hacia una parte".
"Si se hubiesen analizado todos los que estaban y formaban parte de ese proceso, es imposible, desde mi punto de vista de jurista y de ciudadano, que se llegue a una conclusión condenatoria", afirma. "Por lo tanto, si hay un punto de tensión como previamente también el trato y el tratamiento que se ha dado a la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado en determinadas situaciones de la Sala Tercera", concluye, "ha habido una dinámica que, desde mi punto de vista, siempre ha ido en una dirección de política determinada".