en al rojo vivo
Bosch: "La sentencia valora no solo la confesión de Aldama, sino también su colaboración aportando una serie de datos"
La dura condena a José Luis Ábalos y Koldo García reabre el debate sobre el impacto de la corrupción en la confianza ciudadana. El magistrado analiza la contundencia de las penas, el papel de Víctor de Aldama y los incentivos para colaborar con la Justicia.
El magistrado Joaquim Bosch reflexiona sobre el alcance de la sentencia por el 'caso mascarillas' y la profunda desafección ciudadana que generan los casos de corrupción política, especialmente cuando afectan a figuras que habían sido presentadas como símbolos de la lucha contra esas prácticas. Que uno de los rostros más destacados de la ofensiva contra la corrupción del Partido Popular haya sido condenado ahora por delitos de corrupción cometidos durante la pandemia provoca, a su juicio, un enorme desgaste de la confianza pública en las instituciones.
"La propia sentencia insiste en esta cuestión y dedica varias reflexiones institucionales al gravísimo daño que la corrupción causa al Estado social y democrático de derecho. Lo dice expresamente. Ese alejamiento de la ciudadanía respecto de las instituciones es una de las consecuencias más graves de este tipo de conductas", explica.
Bosch destaca también la contundencia de las penas impuestas a José Luis Ábalos y Koldo García: "Son condenas efectivamente elevadas porque el tribunal considera acreditada la comisión de numerosos delitos y, además, en muchos casos de forma continuada. Eso lleva las penas hacia la parte más alta de la horquilla prevista por la ley, algo que el propio Tribunal Supremo subraya en su resolución".
A ello se suma, añade, la especial relevancia institucional del cargo ocupado por Ábalos: "No hay que olvidar que era ministro y que estaba al frente de uno de los departamentos más importantes del Gobierno. También debe tenerse en cuenta la dificultad que suele existir para investigar este tipo de delitos. Son penas que transmiten una sensación de firmeza y contundencia".
No obstante, Bosch recuerda que existen precedentes con condenas incluso más severas: "Si lo comparamos con el caso Gürtel, Luis Bárcenas fue condenado a cerca de 30 años de prisión y Francisco Correa a alrededor de 50. No son casos idénticos, porque allí había distintas piezas y circunstancias, pero en los grandes procedimientos de corrupción, cuando finalmente se producen condenas —algo que desgraciadamente no siempre sucede—, las penas suelen situarse en niveles muy elevados".
Respecto al debate generado por la situación de Víctor de Aldama, Bosch considera que la decisión adoptada por la Sala Penal del Supremo responde a una valoración jurídica legítima y, como tal, discutible. "Es una cuestión opinable desde el punto de vista jurídico. El tribunal explica, y creo que con razón, que estos delitos son extraordinariamente difíciles de detectar, investigar y probar. Cuando fallan todos los mecanismos de control interno de la Administración, muchas veces la única forma de sacar a la luz los hechos es a través de la colaboración de quienes participaron en la propia trama", señala.
Según explica, la sentencia no solo valora la confesión de Aldama y el reconocimiento de los hechos, sino también la información aportada durante la investigación: "Facilitó datos sobre los pagos realizados a Koldo García y a José Luis Ábalos, sobre un contrato de arrendamiento con opción de compra vinculado a Ábalos y sobre los favores recibidos en forma de viviendas, tanto por Ábalos como por Jéssica Rodríguez, incluyendo un chalet en Andalucía. El Supremo considera que sin esa colaboración habría sido mucho más difícil llegar al esclarecimiento completo de los hechos y a las condenas".
A partir de ahí, señala Bosch, se abre un debate jurídico más discutible: hasta qué punto esa colaboración debe traducirse en una exención efectiva de prisión. "El Supremo aplica una atenuante muy cualificada, con una reducción de hasta dos grados, porque entiende que sin incentivos de este tipo sería imposible desmantelar muchas organizaciones corruptas. Puede discutirse si la pena debería haber supuesto algún tiempo efectivo en prisión o no, pero la lógica de la sentencia es clara: evitar que el miedo a ingresar en la cárcel desincentive futuras confesiones y colaboraciones", dice.
Para Bosch, el mensaje lanzado por el tribunal es inequívoco: "Máximo rigor para quienes participan en prácticas corruptas y no colaboran con la Justicia, y una reducción muy significativa de las penas para quienes ayudan a esclarecer los hechos".
Sobre la posibilidad de que José Luis Ábalos o Koldo García decidieran ahora colaborar con la Justicia en otras investigaciones abiertas, Bosch considera que el margen de beneficio sería mucho menor. "En esta causa concreta ya no tendría ningún efecto, porque la sentencia está dictada. Sin embargo, sí podría influir en otros procedimientos pendientes, como la pieza relacionada con la contratación de obra pública", expresa.
Aun así, advierte de que la situación es distinta cuando ya existe una condena firme. "Una vez que has sido condenado y no colaboraste en el momento oportuno, los beneficios potenciales disminuyen considerablemente. Las penas que pudieran imponerse en otros procedimientos tendrían que valorarse teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias y los límites legales de las reducciones aplicables".
Por ello, concluye que cualquier colaboración futura serviría más para evitar un incremento adicional de las condenas que para obtener ventajas comparables a las logradas por Aldama: "Ya no sería una estrategia tan rentable como lo habría sido en esta causa. En cualquier caso, cuando existen altas probabilidades de condena, una actitud colaborativa siempre resulta más favorable. Creo que Aldama supo interpretar correctamente esa realidad, porque, de no haber colaborado, con toda seguridad habría tenido que cumplir bastantes años de prisión".