La proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería registrada en el Congreso de los Diputados propone modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas, el cual deberá completarse en los 15 días posteriores al registro del menor.
Así, la iniciativa presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria pretende introducir un nuevo artículo 35 bis que declarará la existencia de "situaciones de contingencia migratoria extraordinaria" en Canarias, Ceuta y Melilla, territorios donde las "peculiaridades de su ubicación geográfica" favorecen la llegada de los flujos migratorios actuales.
La sobreocupación se fija en el 150%
El reparto de los menores migrantes no acompañados se realizará cuando se acredite la insuficiencia de los servicios autonómicos de las regiones receptoras para atender a estos niños.
En esta línea, la reforma establece que se entenderá que existe una "sobreocupación" cuando los menores acogidos superen en un 150% el número de plazas ordinarias disponibles en el sistema.
En Canarias habrá 2.000 plazas, mientras que Ceuta y Melilla tendrán 88 y 166, respectivamente. Por tanto, en Canarias se pondrá en marcha el traslado de menores cuando se registren más de 3.000 personas extranjeras menores de edad no acompañadas -actualmente hay contabilizadas unas 6.000-, una cifra que en Ceuta se sitúa en los 132 y en Melilla en 249.
La norma también fija que el mecanismo de derivación de estos niños y niñas entre las diferentes comunidades autónomas, así como los "criterios objetivos" para la determinación de plazas por región serán acordados por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia "atendiendo al principio de solidaridad".
Hasta la aprobación del nuevo modelo de gestión, que tendrá "carácter obligatorio" para todas las comunidades autónomas y deberá estar listo en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, se aplicará el plan aprobado en la Conferencia Sectorial del 30 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta "las adaptaciones necesarias".
Plazo de 15 días para los traslados
El traslado de los niños y niñas a la comunidad autónoma de destino deberá de producirse en un plazo de 15 días desde la inscripción del mismo en el Registro de Menores No acompañados.
No obstante, atendiendo a la "urgencia" de la crisis migratoria y el volumen de menores presentes especialmente en Canarias, la iniciativa establece un periodo transitorio para la aplicación de la ley.
Así, todos los menores que en el momento de la entrada en vigor de la norma excedan el 150% de ocupación de las comunidades tensionadas podrán ser distribuidos en un plazo máximo de 12 meses entre el resto de regiones.
La reforma también añade al artículo 52 de la norma un nuevo punto por el que se considerará "infracción leve" cuando las entidades o personas que trabajen en la atención a menores migrantes no comuniquen a la autoridad pública de la localización de los mismos.
Tramitación por vía de urgencia PSOE y Sumar empezarán esta semana a intentar atar los apoyos para que esta proposición de ley pueda ser aprobada "cuanto antes" y la idea es que se tome en consideración en el último pleno extraordinario previsto en el Congreso para el 23 de julio.
El objetivo es tramitar la iniciativa de forma urgente para dar garantía jurídica a los menores inmigrantes no acompañados que previsiblemente llegarán a Canarias en agosto. Los socialistas confían en que el PP tenga sentido de Estado y deje de poner "excusas" al tiempo que Sumar también abre la puerta a los independentistas catalanes.
Fuentes cercanas al Ministerio que dirige Sira Rego señalan que ERC ha hecho aportaciones a varios documentos y desde el grupo parlamentario plurinacional se incide en que Junts no arremete contra el reparto de menores de forma "tan ideológica" como Vox.
"Somos optimistas porque el papel del PP es fundamental", han coincidido los firmantes, que confían en que los populares cambien de estrategia tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos de coalición.
Los socialistas inciden, además, en que el camino debe ser la proposición de Ley y no un decreto ley, tal como solicitan los canarios, ya que recuerdan que si el decreto no es convalidado el margen de inseguridad jurídica de los menores inmigrantes sería mucho mayor.
