más de 7.000 fallecidos
Las claves sobre los protocolos de la vergüenza de las residencias de mayores de Madrid en pandemia
Ana Cuesta analiza los protocolos y señala a los responsables detrás de la tragedia: hace cinco años, en plena primera ola de la pandemia, más de 7.000 mayores fallecieron en residencias de Madrid tras ser excluidos de la atención hospitalaria por decisión oficial.
Cinco años después de las más de 7.000 muertes en residencias madrileñas durante la pandemia, las familias siguen luchando por justicia.
Este viernes, por primera vez, un juez ha imputado a dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su presunta implicación en la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la COVID-19. Se trata de Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020 y firmante de los conocidos como protocolos de la vergüenza, y de Francisco Javier Martínez Peromingo, quien le sustituyó en el cargo y coordinó el llamado protocolo técnico.
Ambos están siendo investigados por un presunto delito de negación discriminatoria de asistencia sanitaria en las 474 residencias de mayores activas entonces en la Comunidad de Madrid.
Durante los días más críticos de la pandemia, esos centros recibieron una serie de documentos oficiales —cuatro versiones fechadas el 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020— que establecían criterios de exclusión para la derivación hospitalaria de los residentes. Esos protocolos funcionaban como un triaje que limitaba el acceso a hospitales a personas con:
- Patologías agudas graves
- Enfermedades en fase terminal (oncológicas o de órgano avanzado)
- Enfermedades neurodegenerativas en estado terminal
- Deterioro funcional severo (índice de Barthel < 25)
- Deterioro funcional grave (Barthel 25–40) combinado con deterioro cognitivo moderado (GDS 5)
La indicación era que esos pacientes debían ser atendidos en las propias residencias, a pesar de la falta de recursos médicos adecuados, y no serían trasladados a hospitales para recibir tratamiento especializado.
La plataforma Marea de Residencias, que agrupa a familiares de las víctimas, cifra en 7.291 las personas fallecidas sin haber sido derivadas al hospital debido a la aplicación de estos protocolos.