El proyecto, financiado con fondos del Ministerio de Empleo y el Fondo Europeo para la Integración, se ha desarrollado de forma simultánea en Coruña, San Sebastián, Zaragoza, Barcelona y Madrid. En cada ciudad, cuatro parejas de rasgos raciales distintos y vestidos siguiendo los mismos estándares han intentado entrar en los mismos locales.
Los motivos o excusas para denegarles la entrada fueron similares en las cinco ciudades y en ningún caso se referían explícitamente al origen racial o étnico, sino que se trataba de requisitos adicionales, como una invitación previa o figurar en una lista, que no se pedían a la pareja de blancos, según explica la organización.
En Coruña (Studio 54) y San Sebastián (Bataplan) dijeron a los chicos de rasgos no europeos que se estaba celebrando una fiesta privada a la que la pareja blanca, sin embargo, pudo acceder sin problemas. Mientras, en Zaragoza (Point) se exigió pagar entrada solo a las parejas de perfil extranjero y en locales como el Apolo y el Amboree de Barcelona se les pidió tener una invitación previa.
"De las 28 discotecas que conforman la muestra, en 7 se denegó la entrada y en 3 se permitió pero se acompañó de actuaciones claramente discriminatorias: solicitar la documentación, (Gran café Zaragozano) o pagar más cara la entrada, (La Rotonda en Donostia)", denuncia SOS Racismo.
La Federación Estatal de la organización considera así probado que la discriminación por motivos raciales o étnicos "es una realidad que en muchas ocasiones se encuentra oculta entre diversas excusas que suponen un uso abusivo del derecho de admisión" y pide por ello a las administraciones locales y autonómicas, responsables de las licencias, que controlen el uso correcto del derecho de admisión.
Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de herramientas legales para denunciar este tipo de abusos e insta al Gobierno a promover una ley integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, pues los trabajos en este sentido que se desarrollaron durante la pasada Legislatura quedaron en suspenso tras el cambio de Gobierno.
El proyecto, además del test en sí, conlleva la puesta en marcha de "litigios estratégicos para aquellos casos en los que se haya producido algún tipo de discriminación", por lo que la organización pondrá a disposición de las personas que se sometieron a la prueba sus recursos jurídicos.
