Elaborado por dos psicólogas adscritas al Instituto de Medicina Legal de Aragón a instancias de la jueza de Jaca que instruye el caso, el documento destaca que las dos niñas, de 13 y 14 años, presentan un cuadro de ansiedad vinculado a su experiencia como testigos de la tortura sufrida por Naiara.
Un hecho "traumático" que unido a los antecedentes de maltrato sufridos condiciona el desarrollo de ambas niñas, custodiadas desde pequeñas por la abuela y el tío tras marcharse su madre biológica de casa y desaparecer el padre del entorno familiar. El informe revela, a partir del testimonio de las dos primas de Naiara, que el presunto autor del asesinato, de 33 años, había adquirido un mayor protagonismo en la crianza y educación de las pequeñas al fallecer el abuelo de éstas.
Las psicólogas responsabilizan de esta situación a la abuela, cuyo estilo parental, subrayan, tendió de forma continua y habitual al "autoritarismo" tanto con sus hijos como con sus nietas. "Al parecer era estricta e inflexible en el establecimiento de las normas, recurriendo al castigo y a la corrección física", añaden.
Unos métodos disciplinarios, destacan las psicólogas, que las dos niñas, a las que encargaban labores "poco acordes" con su edad como tareas domésticas y cuidado de otros menores, tendían a minimizar y justificar debido a la "disponibilidad afectiva" que les mostraba, sin embargo, la abuela.
Respecto al tío, encarcelado desde que ocurrió el crimen el pasado mes de julio, señala el informe que no sólo asumía las normas establecidas por la abuela, sino que se mostraba más "intransigente y desproporcionado" en los castigos, "a veces sin que las menores identificaran una relación de causalidad".
Además, las autoras del informe recalcan el resultado académico tanto de las dos primas como de Naiara era un aspecto "sobrevalorado" por la familia, que condicionaba incluso la severidad de los castigos. Un entorno familiar que, subrayan, en el que se asumieron castigos físicos como bofetadas, patadas, golpes con cinturón, puñetazos o empujones como "una forma legítima de educar a los menores".
La elaboración del informe coincide con la decisión de la fiscalía de llevar ante el Juzgado de Menores de Huesca a la prima mayor de Naiara, tras valorar su posible implicación en un presunto delito continuado de violencia en el entorno familiar.
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