Iván P.P., tío político de la niña, ha escuchado el relato de hechos de las acusaciones y de las defensas antes de intervenir brevemente para afirmar que ni su madre ni su hermano, imputados en la causa por presuntos malos tratos habituales hacia la niña, habían participado en el crimen.
El relato de la Fiscalía
y de las acusaciones en representación de la madre y del padre de la menor han
sido coincidentes en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, pero
divergentes las dos últimas en relación al supuesto conocimiento que tenía la
progenitora de los "castigos" que sufría su hija.
Según han informado
fuentes judiciales, durante la vista convocada por la instructora para
concretar las imputaciones, los representantes de las tres acusaciones han
calificado los hechos como un presunto delito de asesinato con agravantes y han
solicitado la práctica de nuevas pruebas.
En concreto, el letrado
del padre de la menor, el abogado Marcos García Montes, ha insistido en
reclamar una nueva declaración testifical de la madre para determinar si
conocía los presuntos malos tratos habituales y el acoso que padecía Naiara en
el domicilio en el que residía provisionalmente y en la escuela.
También ha solicitado
las comparecencias como testigos del director del colegio donde estudiaba la
menor y de responsables del Ayuntamiento de Sabiñánigo para tratar de
determinar si en el colegio se conocía que la niña sufría ‘bullying’, y si los
servicios sociales locales habían detectado los presuntos malos tratos.
Por su parte, el
acusador en nombre de la madre, Luis Marín, ha expresado su protesta ante la
insistencia en los intentos de su colega en relacionar a su cliente con los
malos tratos a pesar de haber sido descartada ya durante la instrucción.
Además, ha solicitado la
comparecencia como testigos del propietario y de una empleada del hotel de
Bielsa donde trabajaba la madre para demostrar que no podía conocer los malos
tratos que sufría su hija en el domicilio de la abuela, en el que residió unos
pocos días antes de su muerte.
Ha expresado su
posicionamiento a favor de que el caso fuera resuelto por un jurado popular,
pero ha solicitado desgajar de la causa las imputaciones hechas a la madre y al
hermano del procesado tras argumentar que no existía conexión alguna entre los
malos tratos sufridos previamente por la menor con el crimen.
La representante fiscal
ha solicitado la reproducción de toda la prueba documental practicada durante
la instrucción para garantizar el acceso de las partes a todas las diligencias
practicadas durante la instrucción, sobre la que pesó un largo secreto
sumarial.
El defensor del acusado
no ha hecho referencia a la calificación jurídica que tiene previsto realizar,
aunque sí que ha solicitado la incorporación al sumario de todos los informes
psicológicos y psiquiátricos hechos a su cliente durante su estancia en
prisión.
A su vez, el abogado de
la madre y del hermano del procesado ha reclamado el sobreseimiento de la causa
respecto al segundo tras argumentar que desconocía lo que ocurría en la casa de
la abuela, y se ha mostrado favorable a separar el procedimiento del juicio
contra el presunto asesino.
Ninguna de las partes se
ha opuesto a que la vista por el presunto asesinato de Naiara fuera tramitada
para su resolución por un jurado popular. Las fuentes citadas han explicado que
la juez, a la vista de todas las intervenciones, se pronunciará en unos días
sobre las distintas pruebas solicitadas por las partes, así como sobre la
continuidad de la causa por la Ley del Jurado.
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