El plan de Consumo para acabar con el spam telefónico: las compañías deberán bloquear las llamadas comerciales no consentidas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 introducirá una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para evitar las llamadas no consentidas con fines comerciales. Con esta reforma, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico, es decir, a utilizar un prefijo telefónico concreto. De esta forma, las compañías telefónicas podrán bloquear todas las llamadas de empresas que no usen ese código.

Para hacer efectiva esta medida, el Gobierno adaptará el Plan Nacional de Numeración, creando nuevos prefijos telefónicos que faciliten la implementación a nivel técnico del nuevo sistema de identificación y bloqueo. "Va a haber un prefijo que identifiquen todas las llamadas comerciales, las que no tengan ese código van a ser bloqueadas", ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la Cadena SER. Además, el ministro destaca que la propia pantalla de nuestro teléfono móvil nos dirá que se trata de una llamada spam: "Cuando nos llamen desde ese prefijo, aparecerá que es una llamada comercial".

El departamento dirigido por Bustinduy ha introducido además otra enmienda para declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas y para obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas.

Consumo también acabará con los gastos de gestión

Consumo obligará a las empresas a incluir los gastos de gestión en el precio final de los productos y servicios. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluirá específicamente que los potenciales gastos de gestión en, por ejemplo, la compra de entradas deben ser incluidos en el precio final.

De esta forma, según ha podido avanzar laSexta, se pretende poner fin a la práctica habitual que encuentran los consumidores cuando se disponen a hacer una compra de este estilo y acaban viendo que hay un gasto añadido extra sobre el precio final cuando está a punto de formalizarse el pago.

Así, la ley reflejará que el precio final debe aparecer completo, "incluido los impuestos, desglosando en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario.

También se prohíben las renovaciones automáticas de suscripciones

La pasada semana, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que pondrá fin a la renovación automática de aquellos contratos de duración determinada que se suscriben, por ejemplo, a través del móvil con aplicaciones y que están sujetos a renovación.

De esta forma, las empresas deberán informar al consumidor con 15 días de antelación, de forma previa al vencimiento del plazo para comunicar la voluntad de no renovación, del vencimiento de dicho plazo y de las consecuencias de no comunicar la cancelación de la renovación.