Los trabajadores que se convierten en padres a partir de este 1 de enero disponen de cuatro semanas de permiso, intransferibles y no obligatorias, dos más que hasta ahora. Esta ampliación tendría que haber entrado en vigor como tarde en 2013. Para hacer efectiva esta ampliación, el Ejecutivo no ha tenido que aprobar ninguna específica. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 hace automática la entrada en vigor de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida que el Gobierno suspendió hasta el 1 de enero de 2017.
Hasta el momento, los padres han venido disfrutando de 15 días de descanso, 13 días más 2 por el Estatuto de los Trabajadores, y desde este 1 de enero de 2017 se amplía a 28 días. Según establece la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2007, este derecho se podrá disfrutar a jornada completa o parcial, es exclusivo de los padres trabajadores y, a diferencia del permiso de maternidad, no podrá ser cedido a la madre en ningún caso. Este derecho se amplía en dos días más por cada hijo a partir del segundo cuando se trate de parto, adopción o acogimiento múltiple.
Además, la normativa dispone que se podrá disfrutar inmediatamente después del nacimiento, simultanearlo con la madre durante la suspensión del contrato por maternidad o después de la baja maternal para alargar el cuidado del hijo por ambos progenitores. Sobre esto último, fuentes del Ministerio de Empleo han indicado que únicamente van a poder acogerse los padres de niños nacidos desde el 1 de enero de 2017, es decir, que no tiene carácter retroactivo para aquellos cuyos bebés hayan nacido en los últimos meses de 2016.
La ampliación de dos a cuatro semanas del permiso paterno por nacimiento o adopción de un hijo está previsto en la Ley de Igualdad, que daba de margen hasta el 1 de enero de 2013 para ponerlo en funcionamiento con la intención de que fuese la primera piedra de cara a una progresiva equiparación de estas licencias, ya que las madres tenían hasta ahora 16 semanas y los padres solo dos.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, promotor de esa ley, se comprometió a poner en marcha la medida antes de que venciera el plazo, sin embargo, cuando llegó el momento de hacerlo, en 2009, alegó que costaría al erario público 200 millones de euros que en aquel momento, no estaban disponibles, así que lo pospuso. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 2011 hizo lo mismo y fue prolongándola en el tiempo.
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