Una trabajadora del aeropuerto de Palma ha presentado una denuncia contra un agente de la Guardia Civil del control de seguridad por un presunto caso de discriminación lingüística, asegurando que el agente le impidió el paso por hablarle en catalán.
En la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en funciones de guardia, la mujer explica que los hechos ocurrieron después de pasar por el arco de seguridad una segunda vez, tras sonar el detector en la primera. Fue cacheada por uno de los trabajadores de seguridad privada del aeropuerto y pudo acceder a las instalaciones.
Según su relato, seguidamente le vinieron a buscar una pareja de guardias civiles que le pidieron que les acompañara, que les mostrara el DNI y la tarjeta de Aena, cosa que hizo. Tuvo que volver a pasar por el arco de seguridad y uno de los guardias civiles le dijo que "todo está correcto" y que ya podía volver a acceder al aeropuerto.
En ese punto, la mujer cuenta que se despidió en catalán "dándole las gracias" y que el hombre se "exaltó mucho" y que le dijo que "al agente de la autoridad se le habla español o no se entra". Continúa explicando que ella contestó que tenía derecho a hablar el idioma que quisiera.
"El me dice que español o no entro, así que no me deja pasar y se inventa que no he pasado el control de seguridad como excusa", indica la mujer en la denuncia, donde sostiene que esto es una "falsedad" para retenerla. La denunciante mantiene que pasó el arco todas las veces que se le requirió y que no ha accedido a su zona hasta que se lo han permitido.
A raíz de esta denuncia, la Obra Cultural Balear (OCB) ha reclamado a la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, que inste a la dirección de la Guardia Civil a realizar una investigación "a fondo" con las actuaciones disciplinarias que puedan corresponder.
En un comunicado remitido a los medios, la entidad advierte que si se confirman los hechos relatados en la denuncia "constituiría un gravísimo caso de discriminación de un ciudadano por parte de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por razón de lengua".
La entidad ha apuntado que los hechos relatados podrían constituir "una falta muy grave, siempre que no sea incluso delito" y ha instado a la Delegación del Gobierno en Baleares a adoptar, "de manera inaplazable", las medidas necesarias "para acabar con los incidentes por razón de lengua protagonizados por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales que vulneran el derecho de los ciudadanos de estas islas a expresarse en la lengua de su elección".
