Los sindicatos de prisiones UGT, CCOO y Acaip han convocado una manifestación en Madrid para visibilizar el descontento del colectivo y apoyar la propuesta de la subida salarial consensuada entre las organizaciones representativas para abordar la "brecha salarial" que se produce entre los diferentes centros penitenciarios. Los recortes salariales de los últimos diez años, la supresión de derechos y la falta de personal son algunos de los motivos de esta manifestación que se espera multitudinaria, ya que el "grado de malestar es muy elevado", según explican los tres sindicatos en un comunicado.
Las organizaciones explican que proponen la eliminación de categorías de los centros penitenciarios, igualando todos los puestos de trabajo con la categoría especial, tanto funcionarios como laborales. También la adscripción al grupo B de la totalidad de empleados públicos pertenecientes al C1 y una subida de niveles, con mejora del complemento de destino.
El Grupo Parlamentario Socialista ha respaldado estas reivindicaciones registrando en el Congreso una proposición no de ley para revisar la política de retribuciones en favor de "una justa equiparación salarial, de tal forma que trabajadores de distintos centros que desarrollen funciones similares tengan las mismas retribuciones finales".
Las cárceles se clasifican en categorías, situando entre las especiales --y por tanto con mejor remuneración, que en algunos casos puede llegar hasta los 7.000 euros anuales de diferencia, según el PSOE-- a las de Basauri (Bilbao), Martutene (San Sebastián), Nanclares de Oca (Alava) y Pamplona. Esta clasificación se realizó de acuerdo al riesgo que se estableció cuando la banda terrorista ETA estaba operativa.
La propuesta del PSOE, que firman los diputados Zaida Cantera y David Serrada, es que se establezca un sistema retributivo en el complemento específico propio de instituciones penitenciarias que permita "individualizar y reconocer cada puesto de trabajo por la especificidad de sus cometidos, funciones y responsabilidades". Los socialistas aluden al "estrés laboral poco común" al que se ven sometidos los 25.000 trabajadores de prisiones y reclaman del Ministerio del Interior un plan sobre igualdad y mismo trato salarial, además de dar a conocer los emolumentos de los diferentes puestos de cada centro y sus especificidades, detallando si lo ocupan un hombre o una mujer.