El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha acordado la apertura de juicio oral contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte violenta del menor Gabriel Cruz el 27 de febrero del pasado año en el núcleo nijareño de Rodalquilar, con lo que da por cerrada la instrucción del caso y remite las actuaciones a la Audiencia Provincial de Almería para que se celebre el juicio con jurado.
El auto ordena que se deduzca testimonio de las diligencias practicadas durante el año que ha durado la investigación judicial, en el que se recopilan todas las actuaciones realizadas por la Guardia Civil, entre ellas las declaraciones tomadas al entorno del menor durante los 12 días que duró su búsqueda en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que incluye la de la propia acusada tanto ante los agentes como en sede judicial.
Asimismo, el juez Rafael Soriano ha ordenado que se dé también traslado, atendiendo la petición de la Fiscalía, de la declaración de la hija de Ana Julia, que fue interrogada como testigo en relación a las conversaciones que había mantenido con su madre antes de que el cuerpo del pequeño fuera encontrado en el maletero de la sospechosa cuando se dirigía a su vivienda de Vícar.
Igualmente, y en atención a la petición de la acusación particular, el juez dispone que se remita el atestado referido a la investigación que los agentes realizaron en Burgos sobre la sospechosa en relación a la muerte de su hija; un caso que fue archivado y sobre el que la Guardia Civil elaboró posteriormente un informe.
Cabe recordar que los padres de Gabriel, Patricia Ramírez y Angel Cruz, señalaron su convencimiento de que el crimen de su hijo "tiene que ver" con la muerte de la primera hija de la investigada en 1996, cuando esta residía en Burgos y la pequeña de cuatro años cayó desde una ventana. En este sentido, avanzaron que solicitarían "formalmente" que se incorporara al procedimiento testimonio de las actuaciones que se realizaron en su momento para esclarecer esta muerte.
En su resolución de 24 páginas el juez procesa a la investigada por un presunto delito de asesinato, dos de lesiones psíquicas a los padres y otros dos contra la integridad moral, sentido en que ordena la remisión como diligencias irreproducibles los informes de autopsia definitiva del menor, los informes toxicológicos y los periciales psiquiátricos relativos a la exploración que se hizo de los progenitores del niño, quienes a día de hoy continúan bajo tratamiento psicológico.