La Guardia Civil, coordinada por Europol, ha intervenido 38,5 toneladas de almejas japónicas contaminadas en el marco de la operación Txuspas, en la que han sido detenidas 43 personas, 39 españoles y cuatro portuguesas.
La investigación, iniciada el año pasado a raíz de la intoxicación de 27 personas en restaurantes de Cantabria y Asturias, ha demostrado la existencia de un grupo organizado dedicado a la pesca ilegal de los bivalvos en Portugal, que posteriormente los comercializaba y su posterior comercialización a través de viveros españoles. Para ello, utilizaban dos rutas de entrada en España con destino final en Cantabria y Huelva.
Según la Guardia Civil, solo sometían a las almejas a un breve tratamiento incapaz de realizar una depuración completa, tras lo cual el producto contaminado era puesto en el mercado, a través de comercios vinculados con la venta de moluscos y restaurantes.
Los responsables de los viveros, por su parte, mezclaban los bivalvos intoxicados con la almeja adquirida legalmente para perder la trazabilidad. Así, ante una posible intoxicación, resultaría imposible determinar el origen, intentando así anular cualquier responsabilidad al no ser posible determinar el marisqueo. Asimismo, utilizaban documentos falsos de estuarios portugueses para enmascarar la procedencia real de la almeja.
Aunque la actividad de las empresas investigadas se centraba en España, toda la almeja procedía del marisqueo furtivo en la costa de Portugal, por lo que las autoridades españolas trabajaron junto a las lusas. En octubre, se frustró el último envío que la organización criminal trató de introducir en España, incautando 2,5 toneladas de almeja japónica contaminada en suelo luso.
Los grupos de furtivos estaban compuestos principalmente por personas de diferentes nacionalidades de Europa del Este con escasos recursos económicos. Los principales dirigentes y transportistas han sido detenidos en España y en Portugal tras ser objeto de seguimiento y control de las entregas, de los cobros de dinero y verificar tanto la falta de asentamiento como de trazabilidad de la mercancía.
La comercialización de la almeja japónica contaminada fue detectada en restaurantes y comercios dedicados a la venta de moluscos, desconocedores de la procedencia real.
Los investigadores cifran en más de nueve millones de euros los beneficios que así obtenía esta red delictiva al año, con una estimación superior a las 1.000 toneladas de almeja japónica de procedencia ilícita que eran recepcionadas por las 11 empresas españolas investigadas. Durante la operación también se han intervenido 80.000 euros en metálico y se ha localizado un almacén clandestino donde guardaban el molusco, procedente de Portugal.