La familia de Canet de Mar (Barcelona) a la que los tribunales han reconocido el derecho de su hijo a recibir un 25% de las clases en castellano ha expresado su agradecimiento por los apoyos recibidos, mientras ha hecho un llamamiento a mantener la convivencia y afirma que no apoya ninguna movilización relacionada con su caso.

En una carta, ante la polémica generada en el ámbito educativo y político a raíz de su petición, y en la que alterna el catalán y el castellano, la familia dice haber notado "el sentimiento de solidaridad de mucha gente de Cataluña y del resto de España", pero solicita "a todo el mundo que mantenga la serenidad y las reglas que facilitan la convivencia" y "por eso, en estos momentos, la familia no apoya ninguna movilización que se convoque relacionada con su caso".

"No es nuestro interés irrumpir en la escena pública. Por ello pedimos que se respete nuestra voluntad de no convertirnos en un elemento mediático", dice la familia, que no obstante asegura que "el Govern -y no sólo él- miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística", lo que califica de "falso". "Hay que dejar de tragar y tragar, y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos", han aseverado.

En este sentido, recuerda que los tribunales "han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales (com a casa nostra!) la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras (¡Qué no os engañen!)".

"Así debe hacerse en todo el sistema educativo de Cataluña desde noviembre de este año después de que una sentencia del TSJC lo estableciera definitivamente", añade la carta, en la que la familia resalta: "Por lo tanto, el debate sobre la escuela de Canet de Mar carece de sentido. ¿Si se ha de aplicar en toda Cataluña, qué más da si toca o no ahora en Canet de Mar?", exponen.

"Nosotros confiamos en las instituciones y por eso acudimos a ellas. Si los Gobiernos incumplen la ley, los ciudadanos podemos reclamar nuestros derechos ante los tribunales. Es lo normal en una democracia. Y nos gusta que el sistema funcione", continúa la carta.

El derecho a una escolarización bilingüe "se nos reconoció en el mes de octubre y el Govern ha considerado ahora que era el momento de interrumpir la 'calma tensa' después del procés, agitar las banderas, convocar manifestaciones de protesta y señalarnos como culpables de querer acabar con el catalán. ¡A nosotros!", exclaman los padres.

Dirigiéndose en catalán al conseller de Enseñanza, Josep Gonzàlez-Cambray, le pregunta: "¿Por qué ha venido a la escuela de Canet a protestar por la aplicación del auto y lo ha hecho ahora y no en los casos de otros padres? ¿Quiere calentar el ambiente para las protestas?".

"No podemos darle las gracias por atizar sentimientos de odio entre la población porque nuestra familia está padeciendo", le recrimina al conseller. Reiterando que lo que le interesa a la familia es "recuperar el buen ambiente", agradece los esfuerzos de la tutora de la clase de su hijo por impartir las clases tanto en castellano como en catalán y se dirige a los padres de los otros alumnos para advertir de que no están contra el catalán, al que "amamos y disfrutamos de la gran riqueza que comporta para nosotros como individuos y como sociedad".

"Pero somos bilingües y también amamos el español", explica la familia, que concluye: "Nuestra motivación no es otra que el español también forme parte de la actividad educativa, con normalidad, de la misma manera que en pasa en la sociedad catalana. Y por eso, es mejor tener dos lenguas vehiculares en lugar de una".

El TSJC ordena proteger a la familia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenó a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) "adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad" de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro.

En una providencia a la que accedió laSexta, el tribunal también afirma que son el departamento y la dirección los responsables de preservar "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".

La familia del menor está sufriendo una campaña de acoso tanto en redes sociales como en la calle después de que un juez les reconociera el derecho a tener un 25% de la enseñanza en castellano en el centro.

En este sentido han recibido amenazas y mensajes, uno de los cuales hablaba de "apedrear" la casa donde vive el niño y otro instaba a aislarle mientras daba clases en castellano. La hostilidad ha llegado hasta tal punto que han aparecido pintadas en la fachada del colegio: "En Canet queremos las clases en catalán".