Como le ha ocurrido a Ángel Hernández, un joven aragonés también tuvo que enfrentarse a la Justicia en 2016. Todo por ayudar a morir a su madre que padecía una enfermedad grave que le impidió salir de casa durante más de una década.
La Audiencia Provincial de Zaragoza lo condenó a dos años de cárcel por un delito de auxilio al suicidio.
"Los juristas sabemos que cuando no se puede exigir otra conducta, falta el elemento de lo que llamamos lo antijurídico y lo culpable. Por tanto, podemos construir perfectamente una causa de exención de la responsabilidad criminal", ha dicho en ARV Martín Pallín, juez emérito del Supremo.
Fernando Marín, presidente de 'Derecho a Morir Dignamente', también fue acusado de ayudar a morir a una mujer en Avilés, en Asturias, en mayo de 2012. Lo contó en Salvados.
"Me echan a mí la culpa. Entiende la Fiscalía que yo he cooperado en el suicidio de esta señora", asegura. Fue condenado. Aceptó una pena de dos años de prisión, una multa y seis meses de inhabilitación. No entró en prisión.
"El derecho penal debe dedicarse a castigar graves perjuicios para la sociedad pero no muestras de autonomía individual y acciones que están fundamentadas en la libertad", ha asegurado Joaquim Bosch, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.
Marcos Hourmann es el único médico condenado en España por practicar la eutanasia. "Le propongo si quería que terminara ya el sufrimiento de la madre, ella dice que sí y entonces cargo el potasio y lo inyecto", asegura.
Ayudó a morir a una mujer de 82 años, cuya familia llegó a exculparle. Alcanzó un acuerdo con la Fiscalía por el que tampoco entró en prisión. No tenía antecedentes penales.
Luis Montes, médico y firme defensor del derecho a morir dignamente, fue absuelto de las acusaciones de practicar la eutanasia a enfermos terminales en un hospital madrileño.
Ramona Maneiro confesó que fue ella quien proporcionó el cianuro con el que murió Ramón Sampedro. Pero lo hizo años después, cuando el delito había prescrito, por lo que nunca pudo ser juzgada.