A Ángel Se lo llevaron detenido y esposado de su casa después de que ayudara a morir a su mujer y ahora se enfrenta hasta a 10 años de cárcel porque el suicidio asistido es ilegal en España.
Por la ayuda presta a su mujer, el código penal establece que se le consideraría responsable de cooperar en el suicidio de su mujer, Maria José. Sin embargo, la ley contempla varios atenuantes.
Uno de ellos es que exista una prueba de petición expresa, seria e inequívoca de la víctima, donde se demuestra también que padece una enfermedad grave. Otros dos atenuantes serían el de confesión y parentesco.
Todo esto reduciría su condena y Ángel lo sabía, por lo que recopiló gran cantidad de vídeos. "Ha grabado vídeos en los que se reflejaba el sufrimiento de ella, las conversaciones que tenía con ella sobre este tema o la voluntad de ella", explica su abogada, Olatz Alberdi.
Un caso casi idéntico es el del tetrapléjico Ramón Sampedro, al que Ramona Maneiro le ayudo a ingerir un preparado de cianuro, pero pese a ello nunca fue juzgada y confesó los hechos cuando ya estaban prescritos.
En 2017, José Antonio Arrabal, también enfermo de ELA, grabó un vídeo minutos antes de quitarse la vida en el que consideraba "indignante que una persona tenga que morir sola y en la clandestinidad".
El debate siempre ha estado encima de la mesa del Congreso, y más desde que hace poco más de un mes, dos familias con enfermedades incurables entregaran 300.000 firmas a favor de despenalizar la eutanasia y conseguir que un acto de amor no sea considerado nunca un delito.