Tras la suspensión
impuesta a la feria taurina anunciada para este fin de semana en la localidad madrileña Alcalá de Henares, la empresa Loyjor, organizadora de las corridas,
anuncia que está estudiando emprender acciones legales contra la Comunidad de
Madrid y el propio Ayuntamiento de la ciudad.
Loyjor, en la que son
socios Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano, ha emitido un comunicado en el
que se manifiesta "un profundo sentimiento de indefensión como ciudadanos
y empresarios" ante lo que consideran un "atropello" de sus
derechos.
En dicho comunicado
aseguran que la empresa "ha cumplido escrupulosamente con todas y cada una
de las normas que han publicado las autoridades pertinentes en cada momento de
la evolución de la pandemia, como hubiera comprobado cualquiera que hubiera
venido a inspeccionar las medidas llevadas a cabo en las instalaciones de la
plaza".
"Pero lo cierto
-continúa el texto- es que ninguna entidad o administración se ha tomado la
molestia de realizar dicha inspección. Quien hubiera querido realizarla habría
tenido quince días para hacerla, dado que el 12 de agosto se registró en la
Comunidad de Madrid la solicitud de los permisos para celebrar la feria".
Según Loyjor, esos
permisos "se concedieron y llegaron a poder de esta empresa el 26 del
mismo mes, para revocarse apenas 24 horas más tarde sin más argumento que la
'prudencia' a la que aludió la presidenta Isabel Díaz Ayuso a través de la red
social twitter".
"Eso nos lleva a
preguntarnos -añaden- si la situación sanitaria del día anterior, casi idéntica
en la evolución epidemiológica, no aconsejaba idéntica prudencia. O si esa
misma prudencia, que lleva al alcalde de Alcalá de Henares a exigir a la
Comunidad la suspensión de la feria taurina, deja de ser importante para él a
la hora de llevar a cabo los conciertos y eventos con 800 personas".
El comunicado insiste en
que esos conciertos de música "llevan celebrándose en la localidad durante
todo el verano. El último, ayer mismo, 27 de agosto, casi a la misma hora en
que esta empresa -con un recurso contencioso administrativo para presionar a la
Comunidad- se veía privada de desarrollar su actividad con normalidad, lo que
nos parece demagógico por parte del Ayuntamiento".
Del mismo modo, añaden
que tampoco entienden "la teatralidad con la que la Comunidad de Madrid se
arroga el apelativo de 'taurina', cuando, mientras se celebran festejos con
normalidad en muchas otras regiones, los dos eventos que hasta ahora se han organizado
en Madrid los ha suspendido la autoridad regional con la misma nocturnidad y
las mismas formas desconsideradas con los organizadores".
Por todo ello, la
empresa anuncia que ya está "estudiando emprender las acciones legales que
correspondan" contra ambas entidades, al tiempo que agradece
"profundamente el esfuerzo y la comprensión de la propiedad de la plaza y
de las 84 personas que estaban contratadas para llevarse un sueldo a casa
durante este fin de semana".
"Como agradecemos
-insisten- la comprensión y la paciencia de los profesionales taurinos que iban
a actuar en la feria, que, además de no recibir prestación social alguna de las
administraciones públicas, ven cómo se les priva de la posibilidad de
trabajar".
Por último, el
comunicado hace alusión también "a los abonados y a todas las personas que
han pasado por taquilla", a los que se devolverá en breve espacio de
tiempo el precio de las entradas y de los abonos para los tres festejos,
"y les emplazamos para una próxima oportunidad, que esperamos que sea lo
más pronto posible".
"Esto no es más que
otro revés para la Tauromaquia, que ahora más que nunca necesita de nuestra
defensa y del apoyo de los cientos de miles de taurinos que cada día apoyais
este mundo. Nuestro esfuerzo siempre va por vosotros", finaliza el
comunicado.