Tras la suspensión impuesta a la feria taurina anunciada para este fin de semana en la localidad madrileña Alcalá de Henares, la empresa Loyjor, organizadora de las corridas, anuncia que está estudiando emprender acciones legales contra la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de la ciudad.
Loyjor, en la que son socios Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano, ha emitido un comunicado en el que se manifiesta "un profundo sentimiento de indefensión como ciudadanos y empresarios" ante lo que consideran un "atropello" de sus derechos.
En dicho comunicado aseguran que la empresa "ha cumplido escrupulosamente con todas y cada una de las normas que han publicado las autoridades pertinentes en cada momento de la evolución de la pandemia, como hubiera comprobado cualquiera que hubiera venido a inspeccionar las medidas llevadas a cabo en las instalaciones de la plaza".
"Pero lo cierto -continúa el texto- es que ninguna entidad o administración se ha tomado la molestia de realizar dicha inspección. Quien hubiera querido realizarla habría tenido quince días para hacerla, dado que el 12 de agosto se registró en la Comunidad de Madrid la solicitud de los permisos para celebrar la feria".
Según Loyjor, esos permisos "se concedieron y llegaron a poder de esta empresa el 26 del mismo mes, para revocarse apenas 24 horas más tarde sin más argumento que la 'prudencia' a la que aludió la presidenta Isabel Díaz Ayuso a través de la red social twitter".
"Eso nos lleva a preguntarnos -añaden- si la situación sanitaria del día anterior, casi idéntica en la evolución epidemiológica, no aconsejaba idéntica prudencia. O si esa misma prudencia, que lleva al alcalde de Alcalá de Henares a exigir a la Comunidad la suspensión de la feria taurina, deja de ser importante para él a la hora de llevar a cabo los conciertos y eventos con 800 personas".
El comunicado insiste en que esos conciertos de música "llevan celebrándose en la localidad durante todo el verano. El último, ayer mismo, 27 de agosto, casi a la misma hora en que esta empresa -con un recurso contencioso administrativo para presionar a la Comunidad- se veía privada de desarrollar su actividad con normalidad, lo que nos parece demagógico por parte del Ayuntamiento".
Del mismo modo, añaden que tampoco entienden "la teatralidad con la que la Comunidad de Madrid se arroga el apelativo de 'taurina', cuando, mientras se celebran festejos con normalidad en muchas otras regiones, los dos eventos que hasta ahora se han organizado en Madrid los ha suspendido la autoridad regional con la misma nocturnidad y las mismas formas desconsideradas con los organizadores".
Por todo ello, la empresa anuncia que ya está "estudiando emprender las acciones legales que correspondan" contra ambas entidades, al tiempo que agradece "profundamente el esfuerzo y la comprensión de la propiedad de la plaza y de las 84 personas que estaban contratadas para llevarse un sueldo a casa durante este fin de semana".
"Como agradecemos -insisten- la comprensión y la paciencia de los profesionales taurinos que iban a actuar en la feria, que, además de no recibir prestación social alguna de las administraciones públicas, ven cómo se les priva de la posibilidad de trabajar".
Por último, el comunicado hace alusión también "a los abonados y a todas las personas que han pasado por taquilla", a los que se devolverá en breve espacio de tiempo el precio de las entradas y de los abonos para los tres festejos, "y les emplazamos para una próxima oportunidad, que esperamos que sea lo más pronto posible".
"Esto no es más que otro revés para la Tauromaquia, que ahora más que nunca necesita de nuestra defensa y del apoyo de los cientos de miles de taurinos que cada día apoyais este mundo. Nuestro esfuerzo siempre va por vosotros", finaliza el comunicado.
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