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Desmantelan una de las mayores redes de explotación sexual en España con prostíbulos en siete provincias: hay 162 mujeres liberadas
Los detalles En la operación han sido detenidas 37 personas, 22 en Valencia, cuatro en Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante, de las cuales nueve han ingresado en prisión provisional.
Resumen IA supervisado
La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Área Regional de Vigilancia Aduanera han desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación sexual, liberando a 162 mujeres. La red adquiría inmuebles en varias provincias españolas y los convertía en prostíbulos. En la operación, 37 personas fueron detenidas en diferentes localidades, y nueve de ellas ingresaron en prisión provisional. La investigación comenzó tras la denuncia de tres mujeres explotadas sexualmente. La organización captaba a mujeres sudamericanas vulnerables, obligándolas a prostituirse en condiciones infrahumanas. La estructura delictiva estaba jerarquizada, con líderes, supervisores y encargadas. Se incautaron 141.000 euros, vehículos y se bloquearon cuentas bancarias. La investigación patrimonial sigue abierta para detectar posibles operaciones de blanqueo.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Área Regional de Vigilancia Aduanera han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal dedicada a la explotación sexual. La red adquiría inmuebles en varias provincias españolas y los transformaba en prostíbulos donde obligaba a las mujeres a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas.
Según informó este martes la Guardia Civil, en la operación han sido detenidas 37 personas —22 en Valencia, cuatro en Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante—. Nueve de los arrestados han ingresado en prisión provisional.
La investigación comenzó tras la denuncia de tres mujeres, quienes relataron haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en distintas localidades. Sus testimonios permitieron destapar una red asentada principalmente en la Comunidad Valenciana, con ramificaciones en otras regiones.
Captación, control y explotación
La organización captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, tanto en España como en sus países de origen. Una vez bajo su control, eran obligadas a prostituirse en distintos puntos del país.
Las víctimas vivían hacinadas en los mismos lugares donde atendían a los clientes: habitaciones sin ventilación, literas compartidas y condiciones de salubridad precarias, según los investigadores. Solo se les permitía salir dos horas al día y debían entregar a la red el 50% de cada servicio. Además, se les imponían multas arbitrarias por cualquier incumplimiento de las normas internas.
Los prostíbulos operaban bajo estricta vigilancia. Cada local contaba con encargadas presentes las 24 horas, que controlaban los movimientos de las mujeres, cobraban a los clientes y suministraban sustancias estupefacientes cuando eran solicitadas. Las instalaciones estaban equipadas con cámaras para un control constante. La red rotaba a las mujeres entre distintas ubicaciones, adaptando el movimiento según su conveniencia y extendiendo su actividad hacia Cataluña, Murcia y Málaga.
Una estructura jerarquizada
El entramado delictivo estaba dividido en tres niveles. En la cúspide se situaban los líderes de la organización. En el nivel intermedio, personas de confianza se encargaban de la supervisión directa y la recaudación de beneficios. En la base, operaban encargadas de los prostíbulos, conductores y otros colaboradores.
Durante la operación, los agentes realizaron 39 registros en siete provincias, donde se incautaron 141.000 euros en efectivo y tres vehículos. También se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias, así como diversos bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los presuntos responsables, con el objetivo de garantizar su decomiso en un eventual proceso judicial.
Según fuentes de la investigación, se trata de una de las mayores redes de explotación sexual desmanteladas en España en los últimos años.
La investigación patrimonial continúa abierta. El Área Regional de Vigilancia Aduanera está analizando la documentación intervenida durante los registros —libretas contables, ordenadores y archivos bancarios— para seguir el rastro del dinero y detectar posibles operaciones de blanqueo.