La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de 17 años de prisión por delito de asesinato al vallisoletano César F.M, el vecino del barrio de Parquesol que el 28 de enero de 2018 dio muerte a su progenitora, Sacramento M., de 73 años, tras suministrarle dosis letales de medicamentos.
En su fallo, la magistrada Teresa González, de conformidad con el veredicto del jurado popular, impone al reo su encarcelamiento por espacio de 17 años por asesinato, con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, según informaron fuentes jurídicas.
La condena no contempla, como medida de seguridad, los diez años de libertad vigilada una vez que recobre la libertad que había solicitado la fiscal del caso, nila responsabilidad civil en favor de cada uno de los dos hermanos del condenado, para los que la acusación pública pedía cuantías de 20.000 euros.
La fiscal del caso había mantenido invariable su petición de condena de 20 años de prisión, mientras que la defensa del acusado, con una solicitud inicial de dos años de internamiento por delito de cooperación al suicidio, se había visto obligada a modificarla al alza para situarla en 15 años de ingreso en un centro psiquiátrico en el que poder atender su situación mental. La defensora del matricida de Parquesol ya ha anunciado que recurrirá la condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Tanto en la primera jornada del juicio, como en la última, donde el acusado hizo uso de su derecho a pronunciar unas últimas palabras, César F.M. mantuvo su versión de la cooperación al suicidio. "Mi madre era plenamente consciente de que me quería suicidar y no deseaba sobrevivir a mi muerte. Es lo que más quería en el mundo y jamás le habría hecho daño", reiteró.
Pese a ello, la fiscal, secundada por el jurado, rechazó tal planteamiento por que "ni ella, la víctima, estaba en condiciones de asumir ni comprender ese supuesto pacto ni él tenía verdadera intención de suicidarse a posteriori", afirmación que basaba en el primer caso en el hecho de que la anciana, tras el ictus sufrido en 2015, ni entendía ni se hacía entender y, además, porque César no quería morir sino "únicamente llamar la atención".
Para fundamentar la incapacidad de la anciana para sellar con su hijo pequeño un supuesto pacto de suicidio, la fiscal hizo mención a varios de los vídeos grabados por el acusado -parte de ellos fueron visionados en el juicio- en los que Sacramento se muestra fría y realiza meros gestos con la cabeza a preguntas "sugestivas" de César en cuanto a si ella quería "irse" con él, sin utilizar nunca la palabra muerte.
De ahí que mantuviera la calificación de asesinato, ya que la muerte de Sacramento, a su juicio, se produjo con alevosía, "puesto que se encontraba desvalida y sin capacidad de defenderse", y con la agravante de parentesco, a pesar de lo cual mostró una "frialdad increíble". Sí aplicaba al reo la atenuante de confesión pero no la de embriaguez al no considerar probado que en el momento del crimen se hallara bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.
La representante legal de César consideraba probado que "la voluntad de Sacramento era la de no sobrevivir a su hijo y él se limitó a facilitarle las pastillas, pero fue ella la que las tomó pues tenía capacidad tanto de movimiento en su lado derecho como de comprender lo que se le estaba planteando".
Según la defensa del acusado, la víctima temía acabar en una residencia
De hecho, la defensora tan sólo veía en el pacto de suicidio entre madre e hijo la explicación de este suceso, "pues si faltaba ella, él sabía que quedaba en la indigencia, solo y sin recursos económicos, mientras que Sacramento era también plenamente consciente de que si moría César acabaría interna en una residencia".
Rechazaba también que el procesado planificara la muerte de su progenitora por considerarla una pesada carga y atribuía lo ocurrido a una conjunción de factores, tales como el grave estado y padecimientos de Sacramento, que además sufría cada vez más fuertes dolores; el estrés de César derivado del cuidado de la víctima, así como las graves patologías que arrastraba, un trastorno obsesivo-compulsivo y una depresión recurrente que, obligatoriamente, hicieron mella en su voluntad.
"¡Cómo todas esas cosas no van a afectar a su voluntad?", interpeló al jurado la letrada, quien insistía en que su cliente, pese a saber que la eutanasia no está legalizada en España, optó por la cooperación al suicidio de su madre "con el fin de cumplir su voluntad, con el único propósito de ayudarla".
El procesado fue detenido el 29 de enero en el hotel 'Bali' de Benidorm (Alicante), establecimiento en el que se había alojado con la supuesta intención de acabar con su vida, arrojándose desde la terraza de su habitación, tras haber matado ese mismo día a su progenitora mediante la ingesta de medicamentos.
Una nota manuscrita de César con la frase "por favor, no me ayudéis, quiero morir" hallada en el hall del hotel por un empleado activó el dispositivo de seguridad y condujo hasta el presunto suicida gracias a que en el papel figuraba el membrete de la Cruz Roja de Valladolid y bastó con 'peinar' en el ordenador las llegadas de clientes procedentes de la capital del Pisuerga.
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